La historia de la semana
Hubo un terremoto de 7,4 en Colombia. En 48 horas, el sector privado movilizó más de $350.000 millones para la reconstrucción. Vélez, Gilinski, la familia Santo Domingo. La ANDI sumó otros $201.637 millones. Roa Florhuila, Alpina, ANALAC y Tetra Pak armaron una cadena de suministro alimentario para Chocó, el Eje Cafetero y el Valle del Cauca sin esperar instrucciones.
No hubo conferencia de prensa primero. Hubo logística.
Eso me interesa más que cualquier debate sobre política fiscal. El nuevo director del DNP, Buitrago, llega con apenas 4% de espacio fiscal y una emergencia de $10 billones encima. El Estado llega tarde, llega corto, llega con deuda que no tiene. El capital privado no llegó a llenar un vacío simbólico: llegó porque puede moverse rápido y porque tiene incentivos reales para que esa economía funcione de nuevo.
La misma lógica aparece en Venice Beach. Unos 250 residentes y negocios contratan a «Ghost Town Consultants» —fundada por ex integrantes de pandillas reformados— porque el LAPD está 4.000 agentes por debajo de lo necesario. El mercado no esperó que la burocracia se pusiera al día. Resolvió el problema con lo que tenía disponible.
Estos dos casos no son curiosidades. Son el mismo mecanismo operando en contextos distintos: cuando el aparato público no alcanza, el capital y la iniciativa privada llenan el espacio. No por altruismo. Por incentivos alineados con resultados concretos.
Lo que me llama la atención es que seguimos sorprendiéndonos cada vez que pasa.
Hay una narrativa instalada que asume que el Estado es el actor natural de primera respuesta y que el sector privado es un parche, una solución de emergencia, algo levemente vergonzoso. Esa narrativa invierte la evidencia. En Colombia esta semana, el capital privado no fue el plan B. Fue el plan que funcionó.
El contrapunto está en California. Cuban advirtió que si la Proposición 40 —un impuesto del 5% al patrimonio— se aprueba, ningún fondo de capital de riesgo invertiría en una startup cuyos fundadores residan allí. No es una opinión sobre justicia distributiva. Es una descripción de cómo se mueve el capital. Los emprendedores y los inversores se irán. Ya lo están haciendo.
Los tres casos apuntan a lo mismo: el capital tiene piernas. Se mueve hacia donde las reglas son predecibles y los incentivos están alineados. Se aleja de donde la carga es impredecible o confiscatoria. No es ideología. Es aritmética.
Argentina lo sabe mejor que nadie. Esta semana el equipo económico desplegó una batería de instrumentos cambiarios para mantener el dólar bajo 1.500 pesos mientras el riesgo país subía a 478 puntos. El mercado respondió con escepticismo: bonos a la baja, cobertura en alza. Seis millones de morosos frenan el crédito. Los inversores miran 2027, no los fundamentos de hoy.
Cuando el capital no confía en las reglas, no espera: se cubre, se va o no llega.
Lo que Colombia mostró esta semana es el otro lado de esa ecuación. Empresas con reputación que defender, con clientes en esas regiones, con cadenas de valor que dependen de que esas ciudades vuelvan a funcionar. Eso produce acción rápida y coordinada sin que nadie lo ordene.
El capital no es benevolente ni malévolo. Responde a estructuras de incentivos. Cuando esas estructuras permiten construir, construye. Cuando las castigan, se mueve.
La pregunta relevante para cualquier gobierno no es cómo controlar ese movimiento. Es cómo crear las condiciones para que el capital quiera quedarse y hacer algo útil con él.
El dólar oficial en Venezuela alcanzó 784,66 bolívares esta semana, un alza de 0,60% en siete días que lo acerca a la barrera de los 800. En paralelo, el salario mínimo permanece congelado desde marzo de 2022 y equivale a apenas 0,16 dólares mensuales.
Lula y Trump acordaron abrir negociaciones sobre los aranceles del 37,5% que Washington aplica a productos brasileños, tras una llamada telefónica de 80 minutos. No hubo concesiones verificables: los equipos negociadores están en marcha, pero los aranceles siguen vigentes.
Amazon subió de un día para otro entre 25 y 30 dólares el precio de sus dispositivos Echo, Kindle y Fire TV. La compañía atribuyó el alza a «incrementos significativos en los costos de componentes de memoria y almacenamiento», y el impacto recae directamente sobre el consumidor.
Milei dedicó 59 minutos en el Consejo de las Américas a defender su programa económico ante votantes y analistas críticos. El sector privado aplaude en privado pero guarda silencio público; en Rosario, el sector agroexportador escuchó con frialdad y reclamó eliminación de retenciones e inversión en infraestructura.
Las Mipymes hondureñas enfrentan un doble golpe: tarifas eléctricas de 6,47 lempiras por kWh en un sistema estatal en quiebra técnica, más extorsión del crimen organizado. El resultado es la destrucción de márgenes ya mínimos y el cierre de negocios.
Colombia fusiona ProColombia con la red de embajadas para reducir burocracia y relanzar exportaciones. El gobierno de De La Espriella cierra oficinas independientes de la agencia en el exterior y ordena a los embajadores asumir la promoción comercial.
De La Espriella también reactivó las exportaciones de carbón a Israel y purgó las juntas de cámaras de comercio designadas por el gobierno anterior. A 15 días de asumir, el nuevo ejecutivo colombiano desmontó dos políticas del petrismo en materia de comercio exterior.
Trump firmó un memorando presidencial que reemplaza la política espacial de Obama y ordena a la NASA abrir Marte al sector privado. La directiva pone a la industria comercial al frente de la carrera hacia el planeta rojo y elimina restricciones burocráticas.
La Corte Suprema de EE.UU., con Roberts a la cabeza, suspendió la orden judicial que paralizaba las obras del salón de baile de la Casa Blanca, un proyecto de 400 millones de dólares con un 65% de avance. Trump celebró la decisión y reiteró que la obra es «fundamental para la seguridad nacional».
Ocho organizaciones de librerías independientes de América Latina pidieron a gobiernos y legisladores que impongan o refuercen el Precio Único del Libro. El debate de fondo es si la regulación protege la diversidad editorial o simplemente blinda a un sector de la competencia.
Natalie Harp, asistente de Trump con un salario de 150.000 dólares anuales pagados por contribuyentes, opera fuera de la cadena de mando como canal directo del presidente. CNN preguntó sobre su rol; la Casa Blanca respondió con un ataque al medio.
Guatemala articuló presupuesto público, sistemas de alerta temprana y herramientas agroclimáticas en un foro encabezado por Herrera junto a CONRED y CRS. El enfoque oficial apunta a que anticipar desastres climáticos cuesta menos que reconstruir tras ellos.
