Funcionarios venezolanos viajaron a Texas esta semana con una agenda clara: cerrar negocios petroleros con ejecutivos estadounidenses. El resultado visible es que SLB Ltd. y Hunt Oil Co. firmaron contratos con el Gobierno venezolano, y Pacific Coast Energy Co. indicó estar cerca de concretar un acuerdo propio.
Jovanny Martínez, vicepresidente de PDVSA, resumió el espíritu de la delegación desde Houston: «Estamos en el lugar correcto en este momento histórico». Según explicó, Venezuela busca establecer contratos de participación «claros» con empresas extranjeras.
El problema es que la claridad brilla por su ausencia en el proceso mismo. No existe licitación competitiva. Las compañías negocian de forma bilateral con el régimen. Y persisten interrogantes fundamentales: cómo serán redactados los contratos y qué organismos los harán cumplir en caso de disputa.
Danny Jiménez, socio gerente de Selten Group, señaló que Venezuela debería considerar un proceso «de manera pública», con calendario establecido y «criterios definidos». Es la descripción de lo que hoy no existe.
Aun así, la opacidad no está ahuyentando capital. Blake London, cofundador de Formentera Partners junto al empresario texano Bryan Sheffield, lo explicó sin rodeos: «Para nosotros, simplemente parecía que no se podía encontrar una situación mejor». Su argumento: las reservas disponibles en Estados Unidos se agotan, la exploración internacional ha caído y las grandes petroleras no están enfocadas en ello.
El mercado ya votó, pero el riesgo no desapareció.
Que inversores con experiencia en petróleo de esquisto estén dispuestos a entrar en Venezuela sin contratos públicos ni árbitros definidos dice algo sobre el tamaño del premio percibido. Las reservas venezolanas son reales; el vacío institucional, también.
Desde la perspectiva de Ágora Capital, el problema no es que el capital privado busque retorno donde otros no miran — eso es exactamente lo que debe hacer. El problema es que el régimen de Caracas está construyendo una nueva capa de dependencia energética sobre los mismos cimientos opacos que hundieron los contratos anteriores. Sin licitación abierta, sin reglas publicadas y sin mecanismo de resolución de disputas creíble, cada dólar invertido financia también la arquitectura de secretismo que protege al aparato estatal venezolano. Capital busca reglas claras; lo que Houston vio esta semana fue lo contrario.
