El Sistema Interconectado Nacional (SIN) de Colombia estuvo a punto de colapsar el 10 de agosto pasado. Así lo confirmó Juan Carlos Morales, gerente general encargado de XM, durante el Octavo Foro XM celebrado en Cartagena.
El sismo, registrado a las 7:34 a. m., provocó una reducción del 18% en la demanda de energía eléctrica del país, asociada principalmente a demanda no atendida en Chocó, Valle del Cauca, Quindío, Caldas y Risaralda.
«Cuando se desconecta casi el 20% de toda la demanda, eso significa más o menos hasta la tercera etapa de nuestro Sistema Interconectado Nacional. Ese es un riesgo bastante importante», explicó Morales. El directivo fue directo: «Realmente estuvimos muy cerca de que el colapso derivara en un apagón total del Sistema Interconectado Nacional».
La amenaza no se limitó a la demanda no atendida. Según Morales, la situación estuvo relacionada con una condición de sobreaceleración del sistema y con el crecimiento de la sobretensión producida en el momento del sismo. Ambos fenómenos actuaron directamente sobre el SIN y elevaron el riesgo de un corte generalizado del suministro eléctrico.
El factor decisivo fue el trabajo en la sala de operaciones. Los operadores de XM debieron actuar en tiempo real mientras distintas zonas del país enfrentaban interrupciones y fallas de comunicación. «Estuvo el trabajo en la sala con los operadores del sistema. Fue el esfuerzo de cada uno de nuestros operadores, tratando de comunicarse y hablar con otros operadores que no paraban de colapsar», señaló el gerente.
Una de las mayores dificultades fue precisamente la comunicación con operadores regionales. Según Morales, algunos de ellos «no tenían ningún medio de comunicación con el cual pudieran conectarse con el Centro Nacional», lo que obligó a improvisar coordinación en condiciones extremas.
El contexto económico agrava la lectura del evento. Según datos citados en medios colombianos, cerca de 270.000 empresas y 1,4 millones de empleos quedaron expuestos al impacto económico del terremoto, y las donaciones empresariales para atender la emergencia ya superaron el billón de pesos.
Lo que revelan estos números es la fragilidad de una infraestructura crítica ante eventos de fuerza mayor. Un apagón nacional no es solo un inconveniente doméstico: es una interrupción de la cadena productiva, un golpe directo a la inversión y una señal de riesgo para el capital que evalúa Colombia como destino. La libre empresa necesita energía confiable; sin ella, la productividad se detiene antes de que cualquier política económica pueda operar. El hecho de que la catástrofe se evitara gracias al criterio de operadores individuales —y no a redundancias sistémicas— debería ser la primera pregunta en la agenda de infraestructura del país.
