La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de República Dominicana recibió más de 2,000 millones de comprobantes fiscales electrónicos en lo que va de 2026. La cifra fue divulgada en un comunicado institucional y no incluye comparaciones con años anteriores.
Durante el primer semestre, el 72% de los comprobantes fiscales correspondió a facturas en formato electrónico. La DGII cuenta actualmente con más de 80,000 contribuyentes habilitados como emisores electrónicos.
De ese universo, aproximadamente el 64% opera a través del Facturador Gratuito, una herramienta desarrollada por la propia institución que permite emitir hasta 150 facturas mensuales sin costo. Los usuarios de esa plataforma también pueden solicitar un certificado digital gratuito por un año. La DGII señala que la herramienta facilita el acceso de pequeñas empresas y personas físicas al sistema, aunque no precisó cifras sobre el impacto concreto en la tasa de adopción.
El ecosistema tecnológico que rodea al sistema suma 190 proveedores autorizados para ofrecer soluciones de emisión electrónica. La institución no detalló cómo se distribuyen los usuarios entre esos proveedores.
Pedro Porfirio Urrutia, director general de la DGII, afirmó en el comunicado que «este crecimiento demuestra el interés de los contribuyentes de los sectores empresariales y profesionales en aprovechar las facilidades dispuestas para completar oportunamente su proceso de implementación».
Los contribuyentes clasificados como Pequeños, Micros y No Clasificados disponen de una prórroga hasta el 15 de noviembre de 2026 para completar su incorporación, según el Aviso 06-26, enmarcado en la Ley número 32-23 sobre Facturación Electrónica y el Decreto número 587-24.
La DGII indicó que acompañará a los contribuyentes pendientes mediante programas de capacitación, asistencia técnica y desarrollo de herramientas tecnológicas.
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Los números hablan solos: 2,000 millones de documentos procesados y el 72% del flujo ya en formato digital son señales de que la libre empresa dominicana adoptó la facturación electrónica con velocidad notable, incluso antes de que vencieran los plazos regulatorios. Cuando el Estado ofrece una herramienta gratuita y reglas claras, el sector productivo responde sin necesidad de coerción adicional.
El riesgo ahora es el habitual: que la burocracia extienda plazos de forma indefinida para los rezagados, diluyendo los incentivos de quienes ya invirtieron en cumplir. La prórroga de noviembre es razonable para las micro y pequeñas empresas; convertirla en costumbre sería un subsidio encubierto a la informalidad y un agravio a quienes digitalizaron sus operaciones a tiempo.
