El Gobierno de Hidalgo se deslindó del proyecto de relleno sanitario Siete Mezquites, ubicado en la comunidad de El Llano, municipio de Tula. La administración estatal sostuvo que se trata de una inversión privada, no de un proyecto diseñado ni impulsado por el aparato estatal, y que la empresa carece de los permisos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo.
El problema de fondo es concreto: habitantes de municipios vecinos alertan que las filtraciones de lixiviados provenientes de los desechos podrían contaminar los mantos freáticos que abastecen a alrededor de 300 mil personas en Tezontepec de Aldama, Progreso y Mixquiahuala, entre otras demarcaciones.
El proyecto surgió como respuesta a una crisis de basura en la zona sur del estado que involucró a por lo menos 13 municipios, incluido Tula. La solución fue instalar un basurero en El Llano, pero los vecinos de las demarcaciones colindantes no fueron consultados —o al menos no quedaron conformes— y hoy encabezan una movilización para frenar la obra.
La postura oficial reconoce que las autoridades ambientales tienen facultades para iniciar procedimientos sancionadores contra la empresa y contra las autoridades municipales que resulten responsables si se detectan incumplimientos a la legislación. Sin embargo, los inconformes consideran insuficiente esa respuesta: exigen que el gobierno estatal defina de una vez la cancelación del proyecto, no que simplemente se reserve el derecho a sancionar.
El punto más urgente que señalan los opositores es que, pese a la ausencia de permisos, ya hay desechos depositados en el terreno. Piden su retiro inmediato.
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El episodio ilustra una falla de coordinación institucional que el ciudadano termina pagando con riesgo sanitario. Un gobierno estatal que se desentiende del problema apelando a que «es inversión privada» mientras una empresa opera sin autorización —y con basura ya acumulada en el sitio— no está ejerciendo su función regulatoria; la está eludiendo.
Capital privado y libre empresa no significan ausencia de reglas: significan reglas claras, aplicadas con igual rigor para todos. Cuando el aparato regulador omite actuar ante una operación sin permisos que amenaza el agua potable de 300 mil personas, el costo no lo absorbe la empresa infractora sino la comunidad. Eso no es libre mercado; es captura del Estado por omisión.
