El economista Vittorio Corbo, expresidente del Banco Central, fue claro en el seminario «Reconstrucción aprobada: ¿y ahora qué?», organizado por Libertad y Desarrollo: la Ley de Reconstrucción no alcanza. Chile necesita «reformas que vayan más allá de las aprobadas en la reforma de permisos sectoriales que se hizo al final de la administración anterior y en la Ley de Reconstrucción».
El diagnóstico de Corbo combina fortalezas reales con debilidades estructurales que el mercado ya descuenta. En el debe: bajo crecimiento tendencial, desempleo del 9,4% según el último boletín del INE, alta informalidad y un sistema educativo que no prepara a los trabajadores para la economía actual. En el haber: apertura a mercados internacionales, inflación cercana a la meta, deuda pública acotada y credibilidad política en el exterior.
Las oportunidades están sobre la mesa —inteligencia artificial, diversificación de cadenas de suministro, formación técnico-profesional—, pero capturarlas exige despejar el camino regulatorio. Corbo apuntó directamente a la mejora del sistema de permisos medioambientales y a la reducción de barreras que traban proyectos de inversión en minería, energía y aguas. Sin esos cambios, el capital seguirá mirando desde afuera.
En materia laboral, el economista respaldó un paquete de medidas que forman parte de la agenda del Ministerio del Trabajo: flexibilización de la jornada de 40 horas, reemplazo de la indemnización por año de servicio por una ante todo evento, facilitación de la polifuncionalidad y tramitación del proyecto de sala cuna universal. Corbo calificó este conjunto como una reforma laboral de «gran interés y valor para nosotros, para el país».
La señal es nítida: el aparato regulatorio chileno sigue siendo el principal cuello de botella para la productividad. Cada mes que un proyecto minero o energético espera una resolución ambiental es capital que no fluye, empleo formal que no se crea y recaudación que no llega.
Desde Ágora Capital, el mensaje de Corbo confirma lo que los números ya anticipan: una tasa de desempleo del 9,4% no se corrige con gasto público adicional ni con retórica redistributiva. Se corrige con reglas claras, permisos predecibles y un mercado laboral que permita contratar —y descontratar— sin que el riesgo jurídico paralice la decisión empresarial. La Ley de Reconstrucción fue un paso; el siguiente es más difícil porque toca intereses instalados en la burocracia ambiental y en la rigidez sindical. Ahí está la verdadera prueba para la agenda de crecimiento.
