El Consejo de Estado de Cuba aprobó tres decretos leyes orientados a diversificar el sistema empresarial, regular licitaciones en la contratación de bienes y servicios, y autorizar importaciones con carácter comercial. Las medidas forman parte de un paquete de 176 reformas económicas aprobado en junio pasado.
El primer decreto modifica normas vigentes sobre micro, pequeñas y medianas empresas, cooperativas no agropecuarias y trabajo por cuenta propia. Según Lázara Mercedes López-Acea, presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos no Estatales, la modificación busca «eliminar restricciones, favorecer el desarrollo y la diversidad del sistema empresarial del país».
Entre los cambios concretos, las empresas privadas podrán superar el límite actual de 100 trabajadores. También se habilitan nuevas modalidades de negocio para privados: gestión de hoteles, alquiler de automóviles y servicios de transporte de viajeros.
El ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso, presentó el decreto ley «Sobre Licitaciones», que regula ese mecanismo como método general de selección de contrapartes para la contratación de bienes, servicios, obras y gestión de espacios, tanto para actores estatales como privados. Alonso también expuso la modificación del decreto ley 22 sobre el arancel de aduanas, que autoriza la importación comercial de mercancías por personas naturales como pasajeros o por envíos por vía no comercial.
El contexto es severo. Cuba acumula más de seis años de crisis estructural que contrajo su economía más de un 15% entre 2020 y 2025. La presión estadounidense —con un bloqueo petrolero iniciado en enero pasado y nuevas sanciones secundarias desde mayo— ha agudizado la precariedad. La economista Ileana Díaz señaló a EFE la semana pasada que «el país necesita del sector privado y cooperativo más que nunca, dadas las condiciones económicas y sociales actuales».
Expertos citados por los medios estatales reconocen que el paquete de reformas refuerza el papel del sector privado como factor clave para enfrentar la crisis, aunque el Gobierno no lo ha admitido oficialmente en esos términos.
Lectura editorial. Lo que La Habana llama «diversificación» es, en rigor, una rendición parcial ante la evidencia: seis años de planificación central produjeron una contracción de más del 15% y escasez generalizada. El régimen no abre el mercado por convicción; lo hace porque el aparato estatal ya no puede sostener la economía por sí solo. Capital busca reglas claras, y estas normas —aprobadas «a regañadientes», como admite el propio lenguaje oficial— siguen siendo fragmentarias: el Estado conserva el control sobre las licitaciones y define qué sectores se abren y cuáles no. Mientras la propiedad privada plena y la libre empresa no tengan garantías jurídicas reales, el inversor racional seguirá mirando desde afuera.
