Una regulación del organismo estatal California Air Resources Board (CARB) está elevando los costos de transporte marítimo en todo Estados Unidos. La norma, denominada «Vessels At-Berth», obliga a los buques de altura atracados en puertos de California a utilizar tecnologías o estrategias de control de emisiones aprobadas por CARB, o bien aportar a un fondo estatal de remediación. Los barcos que no cumplan enfrentan penalidades de aproximadamente 50.000 dólares por embarcación por día, cifra que puede acumularse en millones.
El problema central, según el representante Fong —autor de la columna fuente y legislador del Distrito 20 de California—, es que la infraestructura y la tecnología necesarias para cumplir la norma «no existen aún a la escala que el mandato exige». Eso deja a las navieras ante un régimen de «cumplir o pagar» que traslada costos e incertidumbre a toda la cadena de suministro.
Los números respaldan la magnitud del impacto. El propio análisis de CARB proyectó que la industria naviera absorbería aproximadamente 2.300 millones de dólares en costos de cumplimiento hasta 2032. Un análisis reciente de la EPA confirmó que la regulación «incrementará los costos de transporte, presionará la infraestructura portuaria y aumentará las tensiones en la cadena de suministro en todo el país».
El alcance geográfico de la norma amplifica el problema. Los puertos de California procesan aproximadamente el 40% de las importaciones en contenedores del país. Un mandato estatal sobre buques atracados se convierte, en la práctica, en un costo nacional aplicado a mercancías y energía destinadas a estados que nunca participaron en su elaboración. Alimentos, electrodomésticos, ropa y combustible: si pasaron por un puerto californiano, su precio refleja este mandato.
El contexto energético agrava la situación. Dos grandes cierres de refinerías en el último año eliminaron cerca del 20% de la capacidad de refinación de California, según la fuente. El estado depende ahora de suministros de combustible por vía marítima, precisamente el canal que la regulación CARB encarece.
En 2023, la EPA de la administración Biden autorizó a California a ampliar la regulación sin someterla a revisión del Congreso. Fong ha presentado una resolución bajo la Ley de Revisión del Congreso (CRA), en asociación con el senador Sullivan, para revocar esa autorización. El Congreso utilizó el mismo mecanismo para rechazar los mandatos de vehículos eléctricos de California.
La lectura de Ágora Capital. Lo que describe esta norma es el mecanismo clásico del impuesto oculto: un costo real, distribuido entre millones de consumidores, decidido por una agencia no electa y sin mecanismo de rendición de cuentas para quienes lo soportan. Cuando el aparato regulatorio de un solo estado puede fijar precios en el resto del país sin pasar por el Congreso, el principio de representación fiscal queda vaciado. Capital busca reglas claras; lo que CARB ofrece es incertidumbre cara. La iniciativa legislativa de Fong apunta al nudo correcto: no es una disputa ambiental, es una disputa sobre quién tiene el derecho de gravar a los consumidores americanos.
