Dos semanas después del terremoto, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) de Medellín acumula más de 1.400 visitas de inspección y mantiene cerca de 50 edificaciones bajo evaluación detallada. Así lo confirmó el director de la entidad, Quintero, en declaraciones a El Colombiano.
El dato central es contundente: ninguna de las estructuras revisadas presenta daños en columnas, vigas, losas, muros estructurales o cimentaciones. Los hallazgos se limitan a afectaciones en mampostería, acabados, enchapes, cielos rasos, vidrios rotos y elementos divisorios. Solo 30 de las más de 1.400 unidades inspeccionadas recibieron recomendación de evacuación temporal, y Quintero precisó que esa medida no implica falla estructural ni riesgo de colapso.
La entidad recibió cerca de 2.000 llamadas en los primeros cuatro días tras el sismo. El propio Dagrd reconoció que su sistema de información no permitía filtrar duplicados, lo que obligó a revisar cada solicitud de forma individual. La proyección es alcanzar 1.800 visitas en total.
La zona de Laureles-Estadio concentra la mayor cantidad de edificaciones inspeccionadas, no por ser la más afectada, sino por tener los suelos más blandos del distrito. También registraron vulnerabilidades las comunas 7 Robledo, 10 La Candelaria, 14 El Poblado y 15 Guayabal.
El Dagrd prepara una segunda etapa que cruzará los datos de las inspecciones con variables como la frecuencia de las ondas sísmicas y las características del suelo en cada comuna y corregimiento. Quintero señaló que los daños en Medellín no superaron las condiciones previstas por la microzonificación sísmica vigente, aunque indicó que el municipio de Caldas registró, al parecer, ondas más intensas.
Sobre los plazos, el director fue explícito: «llevar el riesgo a cero es imposible». Siempre existirá un riesgo residual, y algunos daños ocultos —detrás de Drywall o electrodomésticos— podrían requerir estudios estructurales, revisión de planos y ensayos especializados a medida que pase el tiempo.
En ese punto emerge la línea de responsabilidad que el Dagrd traza con claridad: el Distrito pone a disposición sus capacidades técnicas, pero los estudios sobre infraestructura privada corresponden a propietarios y copropietarios.
Desde la perspectiva de Ágora Capital, ese deslinde es el dato más relevante para el mercado inmobiliario de la ciudad. La carga de los estudios estructurales de segunda etapa recaerá sobre el capital privado, no sobre el erario. Es una señal correcta: el Estado diagnostica, el propietario responde. La pregunta que queda abierta es si el marco regulatorio y los incentivos existentes son suficientes para que esa corresponsabilidad se materialice antes del próximo evento sísmico, no después.
