Los números son contundentes. Los siniestros viales cuestan a México entre 55,000 y 92,000 millones de pesos —entre unos 3,000 y 5,000 millones de dólares— al año en atención médica y pérdida de productividad, según el informe El costo de los siniestros viales en México: Estimación de costos de atención médica y pérdida de productividad, presentado este martes por organizaciones de la sociedad civil y especialistas.
En el escenario más elevado, esa carga representa cerca del 0.3% del producto interior bruto (PIB) mexicano o el 4.4% del gasto total en salud. Y aun así, la cifra subestima el daño real: el estudio excluye daños materiales y atención médica de largo plazo.
«Encontramos que, tan solo considerando los costos de atención médica y las pérdidas de productividad estimadas en este estudio, la carga económica se ubica entre 55,000 y 92,000 millones de pesos en 2024», explicó Sáenz de Miera Juárez, profesora-investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California Sur.
Productividad perdida en edades clave
El impacto golpea con especial fuerza al mercado laboral. Las muertes por accidentes de tránsito se mantienen entre las principales causas de fallecimiento de personas de entre 5 y 44 años, lo que amplifica la pérdida de productividad en plena edad económicamente activa.
El exceso de velocidad, la conducción bajo efectos del alcohol y la ausencia de dispositivos de seguridad —cinturones, cascos certificados y sistemas de retención infantil— figuran entre los factores que agravan las lesiones, según el informe.
En entornos urbanos, ocho de cada diez fallecimientos corresponden a peatones, ciclistas y motociclistas, los usuarios más vulnerables de la vía pública.
Regulación que no se aplica
Ochoa, director de Salud Justa Mx, fue directo: «Los siniestros viales son predecibles y evitables. No son 'accidentes' o imprevistos del azar; son el resultado de vacíos en la infraestructura, fallas en la regulación y falta de control de factores de riesgo».
Las organizaciones exigieron acelerar la aplicación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, aprobada en 2022, y pidieron incorporar tecnologías como frenado autónomo de emergencia y sistemas de protección a peatones en las normas vehiculares.
Lectura de Ágora Capital
Detrás de cada cifra hay un costo que alguien paga: el sistema de salud pública, las familias y, en última instancia, el contribuyente. Cuando el Estado no aplica la regulación que ya existe —una ley aprobada hace cuatro años sigue sin implementarse a cabalidad—, el gasto social se infla y la productividad se evapora. No hace falta nueva burocracia: hace falta cumplir las reglas vigentes.
Una economía que pierde hasta 0.3% del PIB en consecuencias prevenibles no tiene un problema de recursos; tiene un problema de gestión pública. El mercado laboral resiente cada muerte en edad productiva. La factura, como siempre, la absorbe quien trabaja y paga impuestos.
