El proyecto de ampliación de la Casa Blanca avanza al 65% de su ejecución, según consta en documentos judiciales recientes. Trump celebró el sábado el progreso de la obra de 90,000 pies cuadrados y reiteró que costará $400 millones «con CERO dólares del contribuyente».
Sin embargo, el contratista a cargo de la construcción informó a la Casa Blanca a principios de este año que el costo total asciende a $600 millones y que más de la mitad provendrá de fondos públicos, según reportó el Washington Post. El diario también señaló que la Casa Blanca sabía «desde el momento del anuncio» que el proyecto dependería en gran medida del erario, e identificó más de una docena de pagos ya aprobados a Clark Construction que suman decenas de millones de dólares en fondos públicos.
Otras comunicaciones internas, según el Post, sugieren que más de $100 millones llegarán de los contribuyentes a través del Servicio Secreto y la Oficina Militar de la Casa Blanca. Trump, por su parte, ha señalado que Amazon, Apple, Meta, Coinbase y Lockheed Martin canalizarán donaciones privadas a través de una organización sin fines de lucro para cubrir el costo total. En distintos momentos también mencionó que el Servicio Secreto y las fuerzas militares contribuirán con mejoras de seguridad, sin precisar su valor.
El proyecto, anunciado en julio de 2025, contempla un espacio para eventos con capacidad para 650 personas, refugios antibombas e instalaciones médicas de gran escala. La adición es considerablemente más grande que toda la Casa Blanca existente, que medía 55,000 pies cuadrados antes de que Trump ordenara demoler el Ala Este para dar paso a la obra.
En el frente legal, la Corte Suprema bloqueó temporalmente el viernes una orden judicial que suspendía la construcción, permitiendo que los trabajos continúen «hasta nueva orden». El presidente del tribunal, Roberts, no indicó cuándo podría emitirse una decisión más permanente. La demanda fue interpuesta por el National Trust for Historic Preservation, que alega que la administración Trump no tiene autoridad para construir el salón sin aprobación del Congreso. La organización advirtió que permitir que la obra avance arriesga que la administración «supere la revisión judicial» al llegar a un punto de no retorno. La Casa Blanca respondió que detener la construcción podría comprometer la seguridad nacional y poner en riesgo la estructura incompleta.
Los números no cuadran. Cuando se anunció el proyecto, Trump habló de $200 millones; luego subió a $400 millones; el contratista lo estima en $600 millones. Esa brecha de $400 millones entre la cifra presidencial y la del ejecutor de la obra no es un detalle menor: es dinero de los contribuyentes que, según la información disponible, ya está fluyendo sin que el Congreso haya autorizado formalmente el gasto. Capital busca reglas claras, y la primera regla es que el presupuesto público se apruebe donde corresponde. Cuando el Estado construye con fondos del erario bajo el rótulo de «donación privada», el problema no es estético: es de rendición de cuentas.
