La familia del empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo y su esposa Fanny Gutiérrez de Sarmiento donó 200.000 millones de pesos —unos 64 millones de dólares— para atender la emergencia derivada del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó. El presidente Abelardo de la Espriella confirmó la donación a través de su cuenta en X.
La familia Sarmiento es propietaria del Grupo Aval, el mayor conglomerado financiero del país. Entre sus activos figuran el Banco de Bogotá, el Banco de Occidente, el Banco Popular y AV Villas, además de participaciones en empresas concesionarias y en la Casa Editorial El Tiempo.
El sector privado toma la delantera
La donación no llega sola. En los últimos días, la familia Gilinski comprometió 150.000 millones de pesos (unos 48 millones de dólares), el fundador y director ejecutivo de Nubank, David Vélez, anunció una contribución de 100.000 millones de pesos (unos 32 millones de dólares), y la familia Santo Domingo sumó otros 100.000 millones de pesos (unos 32 millones de dólares). En conjunto, solo estas cuatro fuentes privadas acumulan compromisos que superan los 176 millones de dólares.
De la Espriella estimó en 30 billones de pesos —aproximadamente 9.500 millones de dólares— el costo total de la reconstrucción. En su primera alocución televisada, el mandatario declaró la emergencia económica y anunció subsidios de vivienda y alivios para los damnificados. «Con la buena voluntad de nuestros empresarios, con la solidaridad de nuestra gente y con el esfuerzo de todos, vamos a reconstruir a Colombia», escribió el presidente al confirmar el aporte de los Sarmiento.
El Instituto de Medicina Legal reporta 312 personas fallecidas, aunque De la Espriella citó en su alocución nocturna una cifra de 289 muertos. La discrepancia entre ambas fuentes oficiales no ha sido aclarada.
Lectura editorial
Lo que ocurre en Colombia en estas horas ilustra un principio que los mercados conocen bien: cuando el Estado enfrenta una emergencia de escala catastrófica, es el capital privado el que puede moverse con velocidad y sin trámite burocrático. Cuatro familias empresariales movilizaron en días lo que cualquier fondo de emergencia público tardaría semanas en aprobar.
El presidente De la Espriella ha sabido reconocerlo públicamente, y eso importa. La reconstrucción de 9.500 millones de dólares exigirá reglas claras para la inversión, certeza jurídica y un Estado que facilite en lugar de obstaculizar. La generosidad del sector privado colombiano es real; la pregunta que sigue es si el marco institucional estará a la altura de ese capital.
