Vender más no garantiza ganar más en Honduras. Esa es la advertencia que lanza José Castañeda, representante del sector de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), ante una combinación de costos que está empujando a propietarios a cerrar locales, reducir operaciones o trasladar sus negocios a sus viviendas.
La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) fijó para el tercer trimestre de 2026 una tarifa de L6,4693 por kilovatio hora para el servicio general en baja tensión, categoría que abarca a numerosos establecimientos comerciales. Para restaurantes, comedores, carnicerías y pequeños comercios de alimentos —que dependen de refrigeración constante— esa tarifa no es un dato abstracto: es la diferencia entre conservar el inventario o perderlo.
Castañeda señala que cuando se interrumpe el suministro durante varias horas, carnes, lácteos y otros perecederos se deterioran. La pérdida se suma al alquiler, los salarios, los impuestos y la propia factura eléctrica. El resultado, según el representante, es que algunos propietarios terminan pagando la planilla y los gastos operativos sin obtener prácticamente utilidad.
La raíz del problema: una empresa estatal en números rojos
Detrás de la tarifa y la inestabilidad del servicio está la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). El Fondo Monetario Internacional señaló en su revisión de 2026 que las pérdidas eléctricas siguen siendo uno de los principales factores detrás de las dificultades financieras de la ENEE, y situó la meta de pérdidas para junio en 33,2%. Esa fragilidad se traduce en incertidumbre sobre tarifas, calidad del suministro y continuidad del servicio para las Mipymes.
El sector empresarial espera que las reformas energéticas en discusión en el Congreso permitan reducir costos, aunque las diferencias políticas han retrasado una decisión definitiva.
El costo que no aparece en ningún balance
La segunda presión es la extorsión. Castañeda aseguró que comerciantes continúan cerrando o abandonando establecimientos por amenazas de estructuras criminales. No ofreció una cifra nacional de cierres y reconoció que no dispone de estadísticas oficiales para cuantificar el fenómeno.
Las autoridades, sin embargo, documentan la escala del problema. En marzo, la Policía informó que una estructura desarticulada utilizaba billeteras electrónicas, operaba en ocho departamentos y obtenía varios millones de lempiras mediante cobros extorsivos. En julio, el Ministerio Público y la Policía Nacional anunciaron una estrategia conjunta para reforzar investigaciones, rastrear el movimiento del dinero y enfrentar nuevas modalidades de extorsión.
Una gran empresa puede absorber estos golpes con generadores, seguros y múltiples locales. Una microempresa opera con márgenes estrechos y sin red de contención. Cuando coinciden factura elevada, apagón, alquiler, salarios y pago ilegal bajo amenaza, el negocio deja de ser sostenible.
La lectura del mercado
El cuadro hondureño ilustra con precisión lo que ocurre cuando el aparato estatal falla en sus dos funciones básicas: proveer servicios a costo razonable y garantizar el orden. La ENEE acumula pérdidas que el contribuyente financia mientras el emprendedor paga tarifas que no reflejan eficiencia sino ineficiencia institucionalizada. La extorsión, por su parte, opera como un impuesto paralelo que el Estado no recauda pero tampoco elimina.
Cada Mipyme que cierra no es solo una estadística: son empleos, ingresos familiares y tejido económico local que desaparecen. Honduras no resolverá su problema de formalización empresarial mientras abrir un negocio siga siendo más sencillo que mantenerlo vivo.
