Decenas de personas encendieron velas en Cali para despedir a las víctimas del terremoto del 10 de agosto. El acto cerró formalmente la etapa de búsqueda de cuerpos, casi dos semanas después del sismo de magnitud 7,4 que sacudió el oeste de Colombia.
El balance oficial asciende a 321 muertos. Entre ellos, Rosalba, madre de la enfermera Naya Valecillos, cuyo cuerpo fue rescatado de los escombros tres días después del colapso de su edificio. «Cada vez extraño más a mi mamá», dijo Valecillos a la AFP frente al punto de homenaje.
El vecino Henry Granja describió cómo vio caer uno de los edificios del conjunto Torres del Limonar «como un castillo de naipes». La imagen resume la magnitud estructural del desastre: más de 31.000 viviendas destruidas, según la entidad de atención de desastres, además de escuelas y hospitales en ciudades como Cali, Pereira y Manizales.
Las pérdidas económicas se estiman inicialmente en más de 9.500 millones de dólares. El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella decretó estado de emergencia económica, social y ecológica, y anunció subsidios para arriendo y reconstrucción de viviendas. Expertos advierten que la recuperación tardará años.
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, reconoció que la ciudad atraviesa un «momento doloroso», pero afirmó: «Los caleños nos vamos a volver a levantar y lo haremos como una ciudad reconstruida».
Colombia ha recibido 640 toneladas de ayuda internacional. Estados Unidos evalúa además un acuerdo comercial recíproco con el país en el contexto de la emergencia. De la Espriella también presentó una nueva cúpula militar orientada a combatir el crimen, señal de que el gobierno busca mantener el orden institucional en paralelo a la crisis humanitaria.
La tragedia evoca el terremoto de 1999, que dejó casi 1.200 muertos en la zona cafetera con Armenia como epicentro del dolor.
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Los números hablan solos: 9.500 millones de dólares en daños equivalen a una herida profunda en el tejido productivo del occidente colombiano, la región que concentra parte relevante de la agroindustria y los servicios del país. La velocidad con que el gobierno de De la Espriella active mecanismos de reconstrucción —con reglas claras para la inversión privada y sin convertir la emergencia en pretexto para expandir el gasto sin control— determinará si Colombia recupera capital físico en años o en décadas.
El capital privado y la cooperación internacional ya están respondiendo. La pregunta es si el aparato estatal sabrá canalizar esos recursos con eficiencia o si la burocracia de la emergencia terminará siendo un segundo desastre para los damnificados.
