El departamento del Tolima acumula más de 30.000 hectáreas afectadas por incendios forestales. Según el balance de la gobernadora Adriana Magali Matiz, al 21 de agosto hay «24 incendios en 13 municipios» que «tienen una gran magnitud y deben ser trabajados con ayuda de helicópteros».
Los municipios más críticos incluyen Coello, Suárez, Carmen de Apicalá, Armero, Alvarado, Ortega, Chaparral y Coyaima. En Suárez, Matiz advirtió un «riesgo alto de que llegue a una de las empresas que está en» ese municipio, lo que pone en alerta al sector productivo local.
El golpe al agro es directo. En municipios con «vocación ganadera fuerte» como Ortega, San Luis y Chaparral, los pastos quedaron «totalmente quemados», dejando «más de 18.000 cabezas de ganado que no tienen alimento», según declaró Matiz. Los cultivos de limón, de acuerdo con la misma fuente, quedaron «completamente quemados». La gobernadora convocó al Ministerio de Agricultura a una mesa de trabajo regional para evaluar las acciones del sector.
En materia de respuesta operativa, Bogotá desplegó 25 unidades de bomberos tras una comunicación directa con el alcalde Galán. Refuerzos adicionales llegaron desde Caquetá, Boyacá, Valle del Cauca y Huila. Matiz solicitó además «el apoyo de hombres en tierra y de helicópteros por parte de la Fuerza Aérea, el Ejército y la Policía».
El elemento más inquietante es el origen de los focos. Durante un recorrido nocturno entre el 20 y el 21 de agosto en el municipio de Coello, miembros de la comunidad denunciaron haber visto a personas en moto iniciando deliberadamente los incendios. Según Matiz, se habrían presentado pistas similares en Ortega. La gobernadora se comunicó con el director de Fiscalías del Tolima y anunció el inicio de un proceso «contra quienes lo provocan deliberadamente, pues también se tiene que responder con todo el rigor de la ley». En sus palabras a Blu Radio: «Una cosa es enfrentar la fuerza de la naturaleza y otra muy distinta, que esa tragedia sea provocada deliberadamente por manos criminales».
El fenómeno de El Niño agrava el contexto: la Corporación Autónoma Regional del Tolima proyecta que su época más intensa llegará en el último trimestre del año, lo que llevó a Matiz a llamar a fortalecer los equipos de bomberos del departamento.
Lo que está en juego va más allá de la emergencia ambiental. Más de 18.000 cabezas de ganado sin alimento y cultivos destruidos representan pérdidas de capital productivo privado que el Estado difícilmente compensará con rapidez. Si las denuncias de incendios provocados se confirman, el daño no sería solo climático sino criminal: una destrucción deliberada de propiedad privada y medios de vida que exige respuesta penal efectiva, no solo retórica institucional. Capital productivo destruido es empleo y renta que no vuelven solos.
