El Palacio de la Cultura de Ciudad de Guatemala fue el escenario. Autoridades del gobierno, representantes comunitarios y organizaciones internacionales se reunieron para discutir gestión del riesgo de desastres. El eje: convertir la prevención en acción institucional con alcance territorial.
La vicepresidenta Karin Herrera encabezó la actividad. La acompañaron Claudinne Ogaldes, secretaria ejecutiva de CONRED, y Lheslye Pérez, representante de país de Catholic Relief Services, organizador del foro. El mensaje central fue directo: invertir en prevención no es un costo adicional. Es una forma de resguardar recursos públicos.
Herrera planteó que enfrentar amenazas como la sequía exige combinar conocimiento local con evidencia científica. También señaló que la resiliencia requiere presupuesto público traducido en obras concretas. Mencionó drenajes, plantas de tratamiento de agua y educación científica desde la niñez.
La ministra de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Rivera Dávila, participó en el panel sobre cómo convertir la gestión del riesgo comunitaria en inversión institucional. Presentó herramientas técnicas orientadas a ese objetivo. Entre ellas, el sistema ZARC, que mide humedad del suelo y aporta datos para decisiones agrícolas. También mencionó el frijol ICTA Tahual, desarrollado por el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas. Se sumaron las Mesas Técnicas Agroclimáticas y el programa Suelos y Agua para el Futuro.
Rivera Dávila resumió el desafío: «El reto es articular las herramientas, los sistemas de alerta temprana y las recomendaciones agroclimáticas para que el productor no solo conozca el riesgo, sino que cuente con información territorializada y soluciones prácticas para anticiparse».
Ogaldes, por su parte, subrayó que la coordinación interinstitucional y la participación comunitaria son pilares para construir territorios mejor preparados. Guatemala enfrenta amenazas volcánicas, inundaciones y sequías. Ese contexto da peso específico al enfoque preventivo.
La conclusión operativa del foro fue clara. La resiliencia depende de conectar conocimiento local con planificación preventiva e inversión pública. Los participantes coincidieron en que ese vínculo todavía necesita mayor fortalecimiento institucional para llegar a los territorios más vulnerables.
Desde la línea editorial de Ágora Capital, la lógica es impecable: el gasto preventivo bien focalizado protege capital productivo, infraestructura y medios de vida. Cada quetzal invertido antes del desastre evita múltiples quetzales en reconstrucción con deuda. El riesgo está en que la inversión pública prometida quede atrapada en burocracia o en ejecución presupuestaria deficiente. Capital busca reglas claras, pero también instituciones que cumplan. Guatemala tiene las herramientas técnicas sobre la mesa. La pregunta es si el aparato estatal puede llevarlas al territorio antes de que llegue la próxima emergencia.
