Alejandro Betancourt se ha convertido en una pieza central de los esfuerzos de la administración Trump para impulsar acuerdos petroleros en Venezuela, según reveló Bloomberg con base en entrevistas a socios comerciales, funcionarios y asesores que solicitaron anonimato.
Su función concreta: identificar activos con potencial, analizar dificultades operativas y crear contactos dentro de la industria. El objetivo declarado es atraer compañías estadounidenses —en particular pequeñas petroleras independientes— ante la resistencia de las grandes firmas tradicionales a comprometer capital en el país.
En ese marco surgieron acuerdos preliminares con Lionheart Capital y Pacific Coast Energy Co. (PCEC), dos operadores de menor escala que las majors históricas.
Betancourt controla North American Blue Energy Partners (NABEP), que extrae cerca de 200.000 barriles diarios en zonas próximas al lago de Maracaibo y la Faja del Orinoco. Según una fuente cercana a las operaciones, eso coloca a NABEP como la segunda mayor productora privada de petróleo de Venezuela, solo por detrás de Chevron Corp.
Su protagonismo se inscribe en una estrategia más amplia: avanzar hacia inversiones por 100.000 millones de dólares en Venezuela. Sin embargo, los grandes acuerdos petroleros continúan sin concretarse. Las conversaciones con Pdvsa, las restricciones de las sanciones y la ausencia de procesos competitivos de licitación siguen dificultando las operaciones y reduciendo la transparencia de las negociaciones.
El perfil de Betancourt no está exento de sombras. Su trayectoria incluye investigaciones en Europa, Estados Unidos y Venezuela relacionadas con acusaciones de corrupción, lavado de dinero y fraude fiscal. Betancourt ha rechazado cualquier irregularidad y, según la fuente, nunca ha sido acusado formalmente de ningún delito.
En Venezuela es identificado como uno de los llamados «bolichicos», grupo de empresarios que acumuló grandes fortunas durante la presidencia de Hugo Chávez. En 2009 cofundó Derwick Associates, firma que recibió contratos millonarios para suministrar equipos eléctricos de emergencia durante los apagones. Derwick quedó bajo investigación en Venezuela, Estados Unidos y España por sospechas de vínculos con lavado de dinero relacionado con fondos de Pdvsa; tanto la compañía como Betancourt rechazaron esas acusaciones. Medios locales informaron que las autoridades venezolanas cerraron la investigación sin formular cargos. En España, el caso fue archivado, aunque El País reportó después que había sido reabierto.
Hasta hace poco, según personas familiarizadas con el asunto, Betancourt evitaba ingresar a territorio estadounidense por temor a quedar expuesto a investigaciones en ese país.
La lectura de Ágora Capital: La estrategia de Washington en Venezuela ilustra una tensión clásica: el capital privado necesita reglas claras antes de comprometer recursos, y Venezuela —con sanciones vigentes, Pdvsa como contraparte y licitaciones opacas— no las ofrece todavía. Que la administración Trump deba apoyarse en intermediarios con historial judicial cuestionado, en lugar de en procesos competitivos y transparentes, es precisamente la señal que aleja a las grandes compañías. El mercado ya votó: los acuerdos de peso siguen sin cerrarse. Mientras el marco jurídico no garantice propiedad y retorno predecible, el flujo de inversión real permanecerá bloqueado.
