El Consejo Nacional de Comercio Exterior de Estados Unidos (NFTC), que agrupa a unas 300 empresas, denunció ante el Congreso de su país una «fiscalización agresiva» por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Las acusaciones incluyen auditorías severas, negación retroactiva de deducciones legítimas y presión directa sobre los negocios.
La señal de alarma no llegó por canales diplomáticos discretos: llegó al Congreso. Eso mide la temperatura del problema.
Ante ese escenario, la American Society of Mexico (AmSoc) busca un acercamiento directo con la Secretaría de Hacienda. Larry Rubin, presidente del organismo, subrayó que el objetivo es canalizar las inquietudes «por las vías institucionales correspondientes, fortaleciendo simultáneamente el cumplimiento de la ley, la certeza jurídica y la confianza de los inversionistas en México».
Rubin fue explícito en desactivar la lectura confrontacional: «No se trata de confrontar a las autoridades fiscales ni de cuestionar las obligaciones que corresponden a cada empresa. Se trata de procurar que cualquier diferencia pueda ser atendida mediante la legalidad, el diálogo y la certeza jurídica».
El grupo también señaló que el cumplimiento fiscal de las empresas estadounidenses en México «son compatibles con la existencia de reglas claras, procedimientos previsibles y mecanismos eficaces para atender y resolver diferencias». En otras palabras: pagan, pero exigen predecibilidad.
El contexto agrava el cuadro. La semana pasada, la misma AmSoc advirtió sobre una caída de 7.1 por ciento en las exportaciones agroalimentarias mexicanas, calificándola como «una señal de deterioro que debe encender alertas en ambos países». La presión fiscal sobre las empresas extranjeras y el debilitamiento del flujo comercial agroalimentario apuntan en la misma dirección: el entorno de negocios en México pierde atractivo en un momento en que EU y México están en medio de rondas de revisión del T-MEC.
La lectura de Ágora Capital. Capital busca reglas claras, y cuando el fisco las mueve retroactivamente, el capital recalcula. Negar deducciones que eran legítimas al momento de aplicarse no es recaudación eficiente: es riesgo regulatorio que se descuenta en las decisiones de inversión futura. Que 300 empresas hayan escalado la queja al Congreso estadounidense —y no solo a sus abogados fiscales— indica que el problema ya superó el umbral de lo manejable en silencio.
México compite por nearshoring en un ciclo favorable que no durará indefinidamente. Cada auditoría opaca y cada deducción negada sin procedimiento previsible es un argumento que los equipos de inversión de esas 300 empresas llevan a sus consejos cuando evalúan dónde poner la siguiente planta. El aparato fiscal puede recaudar más en el corto plazo; el costo, en flujo de inversión extranjera directa, se paga después.
