La deuda nacional de Estados Unidos cerró la administración Biden en aproximadamente US$36.2 billones, según cifras recogidas por el analista Alfonzo Bolívar en un reciente artículo de opinión. El dato no es un accidente de un solo gobierno: es el resultado acumulado de cinco décadas de decisiones bipartidistas que priorizaron el gasto presente sobre la sostenibilidad futura.
Los números hablan por sí solos. Con Bill Clinton la deuda pasó de US$4.19 billones a US$5.73 billones, un incremento de aproximadamente 37%, el menor del período analizado. El contexto importa: el auge tecnológico de los noventa generó ingresos tributarios extraordinarios, y la combinación de una Casa Blanca demócrata con un Congreso republicano produjo presión efectiva para controlar el gasto. La reforma del welfare de 1996 vinculó beneficios con incorporación al trabajo. El resultado fue excepcional: superávits presupuestarios al cierre de la década.
George W. Bush recibió esa situación favorable y la devolvió deteriorada. Las guerras de Afganistán e Irak, la expansión de Medicare con cobertura de medicamentos recetados, recortes tributarios sin reducción equivalente del gasto y, finalmente, la crisis financiera de 2008 elevaron la deuda de US$5.73 billones a US$10.63 billones, un alza cercana al 85.5%. La lección es directa: bajar impuestos sin recortar gasto no cierra el déficit; lo aplaza con intereses.
Con Barack Obama la deuda saltó de US$10.63 billones a US$19.95 billones, un incremento de aproximadamente US$9.32 billones —cerca de 87.8%—. La respuesta a la Gran Recesión explica parte del aumento, pero la expansión estructural del Estado federal explica el resto. La Affordable Care Act amplió subsidios y participación gubernamental en salud. La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) advertía ya entonces que el envejecimiento poblacional, los programas federales de salud, el Social Security y los intereses de la deuda ejercerían presión creciente sobre el presupuesto.
Con el primer mandato de Donald Trump, la deuda llegó a US$27.76 billones. Su administración combinó desregulación y recortes impositivos con una pandemia que alteró completamente las cuentas públicas, según el mismo análisis.
El cierre de la era Biden dejó la cifra en aproximadamente US$36.2 billones.
Lo que el mercado ya sabe
Detrás de estas cifras hay un principio que los mercados de bonos llevan tiempo descontando: una política social —o militar, o sanitaria— financiada con deuda puede atender una necesidad inmediata, pero transfiere su costo a contribuyentes que todavía no han nacido. Cada programa nuevo genera beneficiarios, empleados, contratistas y grupos de interés que lo vuelven políticamente indestructible. Crear gasto es fácil; reformarlo, casi imposible.
Desde la perspectiva de Ágora Capital, el caso Clinton sigue siendo la referencia más incómoda para ambos partidos: demostró que disciplina presupuestaria y crecimiento económico no son incompatibles. El problema es que esa combinación requiere lo que Washington más escasea —voluntad de actuar sobre ambos lados de la ecuación, ingresos y gasto— y lo que más abunda es la tentación de hipotecar el futuro para gobernar el presente. Mientras la deuda supere el PIB y los intereses compitan con la inversión productiva, el riesgo país de la primera economía del mundo no es un dato abstracto: es el precio que paga la libre empresa cuando el Estado no pone orden en su propia casa.
