El presidente Trump habló el miércoles en la Casa Blanca junto a ejecutivos del sector cripto. Fue directo: si fuera alcalde o gobernador, querría un centro de datos en su comunidad. «Los empleos son enormes y los impuestos pagados son simplemente enormes», dijo.
La declaración fue inusual. Republicanos y demócratas por igual huyen hoy de estos proyectos. Trump empujó en sentido contrario.
Los datos respaldan su postura. En Richland Parish, Luisiana, la construcción de un centro de datos de Meta disparó los ingresos por impuestos de ventas locales. El resultado: bonos para maestros de hasta 50.000 dólares en 2026. Para contexto, el ingreso medio del hogar en esa parroquia era de 50.000 dólares antes del proyecto.
En el condado de Loudoun, Virginia, unos 250 centros de datos generarán 1.300 millones de dólares en impuestos el próximo año. Eso equivale al 40% del total del condado. El flujo de ingresos permitió recortar las tasas del impuesto predial residencial cerca de un 30% en la última década. También financió escuelas, parques y obra pública.
Virginia Occidental va más lejos. Propone canalizar esos ingresos hacia la reducción o eliminación del impuesto estatal sobre la renta.
El rechazo popular, sin embargo, es real. Una encuesta reciente de Gallup encontró que el 71% de los estadounidenses se opone a construir un centro de datos en su área. Solo el 53% se opone a una planta nuclear cercana. La brecha es llamativa.
Sam Lyman, director de política del America First Policy Institute, calificó el fenómeno como «un pánico moral masivo». Comparó el grito de «prohíban los centros de datos» con «desfinancien la policía»: una consigna de élites progresistas que daña a las comunidades de bajos ingresos que dicen defender.
Sobre el consumo de recursos, los números también matizan el alarmismo. Según el Lawrence Berkeley National Lab, los centros de datos representan menos del 1% del consumo de agua. Según Grid Lab, usan menos electricidad que la iluminación comercial y residencial.
Trump describió su rol como dar «ayuda de relaciones públicas» al sector. Lyman lo enmarcó de otro modo: «liderazgo moral en medio de un pánico moral».
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Desde Ágora Capital, el cuadro es claro. El capital busca reglas claras y retornos predecibles. Los centros de datos ofrecen exactamente eso a los municipios que los acogen: base tributaria estable, empleo de calidad y productividad compuesta. El aparato político que los bloquea no protege a nadie. Solo cierra la puerta a inversión privada que el contribuyente no tiene que financiar.
La carrera con China en inteligencia artificial no se gana con pánico. Se gana con infraestructura. Cada proyecto bloqueado por histeria NIMBY es terreno cedido. El mercado ya votó: los centros de datos generan valor. La pregunta es si la política dejará que ese valor aterrice.
