Las aproximadamente 40 empresas agrupadas en el Consejo Mexicano de la Industria del Consumo (ConMéxico) reportaron pérdidas por robo de 250 millones de pesos en el periodo analizado, según declaraciones del director de Seguridad y Cadenas de Valor de la organización, Gerardo González. La cifra corresponde exclusivamente al robo de carga al autotransporte, aunque González precisó que el ilícito abarca también robo de dinero y daño al patrimonio.
La buena noticia para el sector: las empresas lograron recuperar el 60% de todo lo robado, resultado de métodos de prevención y reacción propios, combinados con una comunicación directa con la Guardia Nacional y cuerpos policiales de distintos niveles de gobierno. «Tenemos mapeado con coordenadas a qué hora roban, en dónde lo hacen», explicó la presidenta de ConMéxico, Claudia Jañez.
En materia de tendencia, ConMéxico registra una caída del 26% en el robo respecto al periodo previo. El gobierno federal, por su parte, reporta una reducción del 28%. Ambas cifras apuntan en la misma dirección, aunque la brecha entre los datos privados y los oficiales es un detalle que el mercado no debería ignorar.
Jañez subrayó que los productos robados —alimentos, bebidas y artículos de higiene personal— terminan vendiéndose a la población, lo que convierte a la delincuencia en un competidor desleal que no paga impuestos, no cumple normas sanitarias y erosiona el margen de empresas formales. Los estados con mayor área de oportunidad para reducir este ilícito son, según la organización, Guerrero, Morelos, Sinaloa, Campeche y Veracruz.
El sector también enfrenta presión regulatoria: las empresas deben cumplir con más de 600 Normas Oficiales Mexicanas, entre ellas la de etiquetado de alimentos y bebidas. Jañez indicó que la industria ya reformuló productos para cumplir con las alertas de exceso de azúcares, grasas, calorías y sodio, y que está dispuesta a discutir una nueva regulación de etiquetado, siempre que se otorguen plazos razonables para realizar cambios e inversiones. ConMéxico agrupa empresas que generan medio millón de empleos directos.
González añadió que la organización trabaja en un análisis sobre el impacto de la extorsión y de los productos apócrifos que circulan en el mercado nacional, dos frentes que aún no tienen cifra pública.
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La lectura de Ágora Capital es directa: cuando el crimen organizado opera como distribuidor informal de bienes de consumo básico, el daño no se limita al balance de las empresas afectadas. Se distorsiona la competencia, se financia la ilegalidad y el consumidor termina expuesto a productos sin trazabilidad ni control sanitario. Que el sector privado haya construido su propio sistema de inteligencia georreferenciada para suplir vacíos del Estado dice más sobre el estado de la seguridad pública que cualquier cifra oficial.
Capital busca reglas claras. Una industria que genera medio millón de empleos directos y debe destinar recursos a recuperar su propia mercancía robada es una industria que invierte menos en productividad, innovación y expansión. El costo de la inseguridad no aparece en el presupuesto del gobierno; aparece en los márgenes de las empresas y, tarde o temprano, en el precio que paga el consumidor.
