Los números llegaron primero. Desde el 11 de marzo de este año, 15 proyectos mineros por un total de 24.000 millones de dólares ingresaron a tramitación ambiental ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEIA), cifra que, según el ministerio, constituye un récord desde que el organismo lleva ese registro.
Detrás del dato hay una hoja de ruta concreta. El ministro Mas describió en un documento publicado por La Tercera el eje central de la política minera del gobierno del presidente Kast: pasar de lo que denomina un «Estado paralizador» a un «Estado facilitador».
Menos burocracia, más permisos procesados
El primer instrumento es el proyecto de ley de Amparo Minero, orientado a simplificar el pago de la patente minera y a establecer un mecanismo directo para solicitar patente rebajada. La medida apunta especialmente a la pequeña y mediana minería, sector que, según Mas, ha sido el más afectado por la complejidad administrativa vigente.
El segundo frente es reglamentario. La modificación del Reglamento de Seguridad Minera reducirá 55 autorizaciones sectoriales a 13 permisos y 18 técnicas habilitantes alternativas, en el marco de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales. Paralelamente, el Reglamento de Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras recibirá ajustes para alinearse con la nueva legislación de reducción de permisología.
El tercer cambio es el de mayor alcance para los proyectos de escala media: junto al Ministerio de Medioambiente, el gobierno trabaja en elevar el umbral de ingreso al SEIA para extracción minera de 5.000 a 40.000 toneladas. El efecto práctico es que una franja significativa de proyectos quedará fuera del proceso de evaluación ambiental formal, acortando plazos y costos de tramitación.
El argumento de fondo
Chile lidera la producción y las reservas mundiales de cobre, es referente en la industria del litio y posee reservas de tierras raras, según el propio texto ministerial. Sin embargo, Mas advierte que ese liderazgo «no es un derecho adquirido» y que la riqueza mineral no se traduce automáticamente en bienestar si la institucionalidad «asfixia la iniciativa productiva».
El ministro sostiene que detrás de cada proyecto empantanado en tramitaciones hay empleos formales que no se crean. La minería chilena, agrega, ya opera a la vanguardia en sostenibilidad, energías renovables y desalinización; el rezago, en su diagnóstico, está del lado del aparato estatal.
La lectura del mercado
El mercado ya votó: 24.000 millones de dólares en proyectos presentados en menos de un año es la señal más elocuente de que el capital responde cuando percibe reglas predecibles. La permisología no es un tecnicismo administrativo; es el precio invisible que paga la productividad cada vez que un expediente duerme en un escritorio público.
Lo que Chile está ensayando —reducir trámites sin relajar estándares de seguridad ni ambientales— es exactamente el equilibrio que la libre empresa necesita para operar: certeza jurídica, plazos razonables y un Estado que cumpla su función sin convertirse en obstáculo. Si la reforma se consolida, el norte del país y sus comunidades verán el círculo virtuoso que describe Mas; si la burocracia recupera terreno, los 24.000 millones de dólares serán solo un número en un informe.
