Los números hablan solos. Al cierre de la última edición de Semana, las donaciones del sector privado para atender a los damnificados del terremoto en Colombia superaban los 2 billones de pesos, de los cuales 1,1 billones corresponden a alivios crediticios anunciados por Asobancaria.
El saldo humano del desastre es devastador: 321 muertos, 4.595 heridos, 257 desaparecidos y 284.185 personas afectadas, según cifras oficiales al 21 de agosto. En materia de infraestructura, el sismo dejó 163.884 viviendas averiadas, 31.445 destruidas, 3.579 instituciones educativas impactadas y daños en 435 vías, cinco aeropuertos y 111 acueductos, entre otros.
El presidente De La Espriella estimó el costo inicial de la reconstrucción en 30 billones de pesos y ya decretó la emergencia económica para generar el espacio fiscal necesario. El Gobierno avanza además en la estructuración del Fondo Milagro, el vehículo a través del cual se canalizarán los recursos.
El primer gran gesto vino el domingo 16 de agosto, cuando De La Espriella anunció la donación del empresario Jaime Gilinski y su esposa, Raquel Kardonski de Gilinski, destinada a la reconstrucción de Cali, la ciudad con mayor pérdida de vidas: 153 muertos. «Los empresarios tenemos una gran responsabilidad», declaró Gilinski a Semana, subrayando que el apoyo privado debe complementar el esfuerzo del Gobierno.
A esa donación se sumaron Luis Carlos Sarmiento Angulo (Grupo Aval), David Vélez (Nubank), Juan Carlos Mora (Bancolombia), Davivienda, Seguros Bolívar, Tecnoquímicas, ProAntioquia, ProPacífico y el Grupo Santo Domingo, entre otros. «Hay que ayudar, hay que ayudar», resumió Sarmiento Angulo en declaraciones al mismo medio.
Alejandro Santo Domingo, presidente de la Junta Directiva de Valorem, comprometió acompañamiento «no solo en la atención inmediata, sino también en su proceso de recuperación», según sus palabras a Semana.
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Lo que está ocurriendo en Colombia es una demostración práctica de un principio que el mercado conoce bien: cuando el Estado fija reglas claras y el liderazgo político genera confianza, el capital privado no espera convocatoria formal para actuar. La velocidad con que fluyeron las donaciones —en cascada, a título personal, sin intermediación burocrática— contrasta con la lentitud habitual de los fondos públicos.
El reto de 30 billones de pesos es colosal. Pero la señal que envía esta alianza entre el gobierno de De La Espriella y el empresariado es que la reconstrucción puede avanzar sobre rieles de libre empresa y responsabilidad privada, no solo sobre gasto estatal. Capital busca reglas claras; cuando las encuentra, llega antes que cualquier decreto.
