El Miranda Center for Democracy presentó en Washington el informe Armies that Own Economies: Military-Commercial Capture in Cuba and Venezuela. El estudio mapea la expansión económica de las Fuerzas Armadas venezolanas y la compara con GAESA, el conglomerado militar cubano.
Los números son contundentes. El Ministerio de Defensa venezolano supervisa al menos 44 entidades: 24 empresas y 20 fundaciones o servicios autónomos. Sus actividades cubren finanzas, petróleo, oro, manufactura, agricultura y comercio minorista.
El aparato militar posee, según el reporte, el 99% del Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (BANFANB). También controla Seguros Horizonte, descrita en el estudio como la segunda mayor aseguradora del país. A eso se suman textiles, uniformes, agua embotellada, electrodomésticos, producción agrícola, transporte pesado, ensamblaje de vehículos, construcción naval y televisión digital.
El Miranda Center advierte que estas compañías disfrutan, en determinados sectores, de acceso preferencial a recursos estatales. Eso altera las condiciones de competencia frente a empresas privadas independientes. Capital busca reglas claras; aquí las reglas las escribe el uniforme.
Al menos 103 oficiales militares ocuparon puestos en juntas directivas de empresas estatales, muchas de ellas firmas que pasaron al control del Estado durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. El Ministerio de Defensa, según el informe, no publica su reporte anual de actividades y cuentas desde 2015. La opacidad no es un accidente; es arquitectura.
Un nodo clave es CAMIMPEG, la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas. Según el estudio, participa en operaciones vinculadas con PDVSA y posee licencias para explorar y explotar oro y coltán en el Arco Minero del Orinoco. El Miranda Center señala que en esa región operan grupos armados ilegales, entre ellos el ELN y el Tren de Aragua.
El informe también documenta sociedades mixtas estructuradas bajo una fórmula de 51% militar y 49% privado. El socio privado aporta capital y tecnología. La entidad militar aporta licencias, infraestructura y recursos estratégicos. Según Miranda Center, ese esquema puede favorecer a empresarios con vínculos cercanos al poder mediante acceso preferencial a contratos y divisas.
Para contextualizar la escala, el estudio recurre al modelo cubano. El Miranda Center estima que GAESA controla entre 40% y 50% de la economía cubana, principalmente en turismo, comercio exterior, banca, remesas y logística. Según documentos filtrados citados en la investigación, el conglomerado tenía en 2024 alrededor de 17.900 millones de dólares en activos, incluidos más de 14.400 millones en cuentas bancarias. El Miranda Center calcula además que desde el año 2000 Venezuela transfirió a Cuba el equivalente de al menos 63.800 millones de dólares mediante petróleo subsidiado, inversiones en infraestructura, alivio de deuda y acuerdos energéticos preferenciales.
Lo que el informe describe no es gestión pública: es captura. Cuando el aparato castrense controla la banca, el subsuelo y el supermercado, la libre empresa no compite en el mismo mercado; compite contra el Estado armado. El costo lo pagan los venezolanos de a pie, que financian con recursos naturales un entramado diseñado para sostener lealtades, no para generar productividad. El mercado ya votó hace tiempo: el capital privado independiente lleva décadas saliendo de Venezuela.
