Una familia venezolana de cinco personas necesitó 727,89 dólares solo para alimentarse en julio, según cálculos del Centro de Documentación y Análisis Social (Cendas) de la Federación de Maestros. La cifra representa una baja del 3,7% frente a junio, cuando la canasta alimentaria —compuesta por 60 productos básicos— alcanzó los 756,45 dólares.
El dato que resume el colapso es otro: el salario mínimo mensual equivale a unos 18 centavos de dólar, lo que representa el 0,03% del costo de esa canasta. El salario mínimo y la pensión permanecen congelados en 130 bolívares mensuales desde marzo de 2022, según advirtió el Cendas, que calificó la brecha «entre el ingreso legal y la realidad del mercado» como «crítica».
La propia Constitución venezolana reconoce el derecho de todo trabajador a «un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales». La distancia entre ese mandato y la realidad medida por el Cendas es de más de 4.000 veces.
El informe también incluye 13,52 dólares mensuales en agua potable embotellada, gasto que refleja otro fallo estructural: según expertos y organizaciones no gubernamentales, el agua distribuida por tubería en Venezuela no cumple parámetros básicos de potabilidad.
La política salarial del régimen se ha limitado al pago de dos bonos para trabajadores públicos —sin incidencia en beneficios laborales— que suman actualmente 240 dólares, depositados en bolívares a la tasa oficial. Esa cifra cubre menos de un tercio de la canasta alimentaria.
En el plano macroeconómico, los precios acumulan un alza de 175,5% en los primeros siete meses del año. Solo en julio, la inflación oficial fue de 19,9%.
Hace una semana, el Comité de Derechos Humanos para la Defensa de los Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad solicitó a la delegación opositora en el diálogo con el chavismo que exija un incremento progresivo de pensiones y salario mínimo hasta igualar, en una primera etapa, el costo de la canasta alimentaria.
La lectura de Ágora Capital es directa: lo que el Cendas mide no es una anomalía estadística sino el resultado previsible de cuatro décadas de destrucción institucional, control de precios y emisión monetaria sin respaldo. Un Estado que congela salarios desde 2022 mientras la inflación corre al 175% anual no falla por descuido: redistribuye miseria de forma sistemática. El capital humano que abandona el país —más de siete millones de emigrantes según cifras de organismos internacionales— es el voto más elocuente contra ese modelo. Ningún bono compensa la ausencia de libre empresa, moneda estable y reglas claras para producir.
