El presidente colombiano Abelardo De La Espriella sostuvo una conversación telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para reiterar la solicitud de suspensión temporal de los aranceles que Washington aplica a los productos colombianos. La llamada se produjo el miércoles 19 de agosto.
Estados Unidos impuso un arancel del 12,5 % a la mayoría de las importaciones provenientes de Colombia. El gravamen afecta flores, prendas de vestir, manufacturas de plástico, alimentos procesados, chocolates y bienes agroindustriales. La justificación oficial de Washington fue una diferencia regulatoria frente al trabajo forzoso.
El peso del mercado estadounidense en la economía exportadora colombiana es determinante: representa el 29,3 % de las exportaciones totales del país. Con ese arancel vigente, los productores colombianos compiten en desventaja frente a países que no enfrentan ese «peaje», pues sus rivales pueden colocar bienes a menor precio en el mercado norteamericano.
El terremoto del 10 de agosto añadió un nuevo argumento a la petición. De La Espriella invocó la emergencia generada por el sismo para reforzar el caso ante Rubio. Desde la Presidencia se confirmó que «los Estados Unidos cuentan con toda la disposición para avanzar en ese propósito y el proceso para lograrlo ya está en marcha».
Lo más concreto que dejó la llamada es el viaje inmediato del ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, a Washington para adelantar las gestiones que conduzcan a concretar la suspensión arancelaria, según informó la Presidencia.
La gestión diplomática venía avanzando antes del sismo, pero el desastre natural aceleró los tiempos y elevó la presión política interna para obtener resultados.
Lectura editorial. El canal directo De La Espriella–Rubio es precisamente el tipo de diplomacia de libre mercado que produce resultados: dos gobiernos con voluntad de reducir barreras, sin ideología que estorbe la negociación. La señal de Washington —disposición para avanzar— es alentadora para los exportadores colombianos, que necesitan reglas claras y acceso sin sobrecostos para recuperar competitividad en el mercado más importante del país.
El verdadero riesgo es que la burocracia de ambos lados dilate lo que la política ya acordó en principio. El viaje de Gómez Amín a Washington es el paso correcto: el capital exportador no puede esperar mientras los formularios circulan. Cada semana con el arancel vigente es una transferencia de competitividad hacia los rivales regionales que sí tienen acceso libre.
