El debate sobre inteligencia artificial en el sector público lleva meses girando en torno a qué modelo es más rápido o más barato. Ese es el debate equivocado.
En 2025, la Administración de Servicios Generales de Estados Unidos (GSA) negoció acceso casi gratuito a modelos de IA líderes para agencias federales bajo su iniciativa OneGov. Nicolas Chaillan, ex director de software de la Fuerza Aérea y la Fuerza Espacial, presentó una protesta formal argumentando que los términos estaban «100% diseñados para generar dependencia», porque solo entregaban a las agencias un acceso de usuario, no una API. La Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) desestimó la protesta por razones procedimentales, pero el fondo del problema no desapareció.
Un memorando de la Oficina de Gestión y Presupuesto de 2025 ordena a las agencias federales incluir protecciones contra el bloqueo en cada contrato de IA: derechos sobre el código y los modelos producidos, portabilidad de datos y transferencia estructurada de conocimiento. La propia revisión de adquisiciones de IA de la GAO en 2026 trata esto como una categoría de riesgo activa.
El fenómeno no es exclusivo de Estados Unidos. El regulador bancario de Australia advirtió que las entidades «muy dependientes de un único proveedor para múltiples casos de uso de IA» deben evaluar la viabilidad de sustituirlo o salir del contrato. Francia va más lejos: está migrando a sus 2,5 millones de funcionarios fuera de Microsoft Teams, Zoom y Webex hacia una alternativa soberana alojada en infraestructura nacional, con plazo de 2027. El detonante fue una audiencia en el Senado francés donde un ejecutivo de Microsoft Francia admitió que no podía garantizar que las autoridades estadounidenses, bajo la Ley CLOUD, no accedieran a datos del gobierno galo.
La Unión Europea avanza en la misma dirección, aunque más despacio. Las reglas de documentación y explicabilidad del Reglamento de IA para sistemas de alto riesgo —el mecanismo más cercano a un requisito de portabilidad— debían entrar en vigor en agosto, pero fueron postergadas hasta diciembre de 2027 bajo el acuerdo Digital Omnibus firmado en julio.
El caso más ilustrativo llegó en junio: una orden de control de exportaciones del Departamento de Comercio de EE.UU. obligó a Anthropic a cortar el acceso a sus modelos Fable 5 y Mythos 5 para todos los extranjeros, incluidos aliados, en cuestión de horas. Semanas después, Mythos 5 fue restaurado solo para aproximadamente 100 empresas y agencias estadounidenses verificadas. En el G7, el presidente de Francia calificó las restricciones de «llamada de atención» y las describió como «algo malo». El primer ministro de Canadá dijo que los aliados estarían equivocados si no «tomaran la lección» y «diversificaran». Tom Tugendhat, del Reino Unido, fue más directo: «No podemos continuar así y seguir siendo soberanos».
Desde Ágora Capital, el diagnóstico es claro: un Estado que no puede cambiar de proveedor ya fue capturado por él. El problema no es ideológico sino estructural. Capital busca reglas claras, y un contrato sin cláusula de salida no es un contrato: es una rendición. La pregunta que todo funcionario debería exigir antes de firmar no es «¿qué puede hacer este modelo hoy?», sino «¿podemos salir mañana sin reconstruir todo desde cero?». Cuando esa pregunta se vuelva obligatoria en cada pliego de licitación —como predice el autor citado para 2029— será porque algún gobierno ya pagó el costo de no haberla hecho.
