El estado Monagas, en el oriente venezolano, requiere más de 500 millones de dólares para rehabilitar plantas térmicas, subestaciones y tendidos de transmisión, según diagnósticos elaborados por equipos técnicos e ingenieros electricistas de Vente Venezuela. La cifra forma parte de una estimación nacional que oscila entre 15.000 y 40.000 millones de dólares para recuperar el sistema eléctrico del país.
Jesús Farías, coordinador de Vente Venezuela en el municipio Maturín, advirtió que los cortes no programados pasaron de un promedio de 5 horas a suspensiones de entre 6 y 7 horas diarias. Según Farías, la infraestructura ya acumulaba deterioro previo, pero «la ineficiencia e inacción de la gestión actual han acentuado el colapso del sistema regional».
El impacto es directo sobre la economía cotidiana: hogares que pierden alimentos, comercios que quiebran y actividad ciudadana paralizada. No se trata de un inconveniente técnico menor; es la expresión más visible de lo que Farías calificó como emergencia humanitaria.
Frente al diagnóstico, la propuesta de la organización opositora articula dos ejes. El primero apunta a la descentralización y al fin del monopolio estatal: sustituir el modelo de Corpoelec por empresas mixtas y regionales, abriendo el mercado eléctrico al sector privado nacional e internacional. El segundo eje plantea modernizar la generación mediante la reactivación inmediata de plantas termoeléctricas locales y la incorporación gradual de parques solares, aprovechando el potencial energético del estado.
Ambos ejes quedarían integrados en el denominado «plan Venezuela Tierra de Gracia para Maturín y Monagas», condicionado a una transición democrática. «Solo con seguridad jurídica e institucionalidad llegarán los recursos para iluminar a nuestro estado y a toda Venezuela», afirmó Farías según la fuente.
La lectura de Ágora Capital es directa. El colapso eléctrico de Monagas no es una falla técnica aislada: es el resultado predecible de décadas de monopolio estatal, ausencia de inversión privada y destrucción institucional. Ningún capital serio —nacional ni extranjero— financia infraestructura crítica donde el Estado controla precios, expropia activos y no garantiza retorno. La cifra de 500 millones de dólares para un solo estado ilustra la magnitud del pasivo que el aparato chavista ha acumulado a costa del contribuyente y del ciudadano común.
La solución que señala la oposición —apertura al mercado, empresas mixtas, seguridad jurídica— es exactamente el camino que han seguido los países que lograron universalizar el acceso eléctrico. El capital busca reglas claras; sin ellas, la oscuridad no es metáfora.
