El euro cerró el 21 de agosto a 13,36 bolivianos. El avance fue del 0,5% respecto al cierre anterior de 13,29 bolivianos, según Dow Jones. En términos interanuales, la variación acumula un 71%. La tendencia positiva se sostiene por segundo día consecutivo.
La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 7,59%. Ese nivel está considerablemente por debajo de la volatilidad de referencia del 40,87%. El mercado de divisas atraviesa, por ahora, una fase de relativa calma.
El cuadro macroeconómico es otro. El Banco Mundial anticipa una recesión del -1,1% en el PIB boliviano para 2026. La CEPAL proyecta un crecimiento marginal del 0,5%. El FMI optó por no entregar estimaciones precisas a largo plazo. La razón: alto grado de incertidumbre.
El Gobierno boliviano proyecta una inflación de hasta el 17% este año. El FMI había advertido que el índice podría superar el 15% si no se controla la emisión monetaria. El déficit fiscal que el Ejecutivo aspira a alcanzar es del 7%.
En el mercado paralelo, las cotizaciones se acercaron a Bs 9,64 a comienzos de 2026. Ese fenómeno estuvo vinculado a las expectativas generadas por reformas cambiarias y al anuncio de un financiamiento externo de 4.500 millones de dólares del BID para el periodo 2026-2028. El Banco Central de Bolivia publica valores referenciales diarios. Los más recientes se sitúan en Bs 9,21 para la compra y Bs 9,40 para la venta.
El tipo de cambio oficial permanece en Bs 6,96. Su uso es cada vez menos relevante en las operaciones comerciales. Los nuevos valores de mercado lo han desplazado en la práctica.
Lo que los números revelan es un Estado que perdió el control de su propia moneda. El tipo de cambio oficial de Bs 6,96 es ya una ficción contable. El mercado opera con referencias que lo triplican. Cuando la brecha entre el precio oficial y el precio real se vuelve tan amplia, el daño no es solo estadístico: destruye contratos, ahuyenta inversión y castiga al ciudadano que no tiene acceso al dólar ni al euro.
Bolivia necesita reglas cambiarias creíbles, no parches de financiamiento externo. El capital busca certeza jurídica y previsibilidad. Con una inflación proyectada de hasta 17%, una recesión en puerta y un banco central que emite sin ancla, el país ofrece lo contrario. El costo lo pagan los bolivianos con el poder adquisitivo de sus salarios.
