La mora del crédito a personas —que incluye el sistema financiero y no financiero— se quintuplicó en el último año y medio en Argentina. Cuatro de cada diez deudores en mora tienen menos de 30 años y el indicador alcanzó su nivel más alto en los últimos 20 años, según la fuente. El dato encendió la mecha política.
El gobernador bonaerense Kicillof fue el primero en tomar la bandera. «Milei hizo que la morosidad de aquellos que están endeudados con los bancos se multiplicara por cinco», afirmó en conferencia de prensa junto a su ministro de Producción, Costa. Kicillof apuntó además contra las billeteras virtuales: sostuvo que ya «no solo operan como medio de pago, sino que colocan fondos y otorgan créditos sin las regulaciones macroprudenciales que rigen para otras entidades».
Desde La Rioja, el gobernador Quintela firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia que crea un régimen provincial de protección para usuarios de créditos de consumo y declaró la emergencia económica y crediticia por 180 días. El decreto establece mayores exigencias de información para otorgantes de crédito, mecanismos de registro y fiscalización, e instancias de conciliación para deudas insostenibles. «Buscamos que nadie se aproveche de la debilidad de las familias», declaró Quintela.
A principios de semana, diputados nacionales del PJ Federal —entre ellos Michel, Tolosa Paz, Félix, Alí, Olmos y Yeldlin— solicitaron una investigación contra billeteras electrónicas y financieras por conductas anticompetitivas y violatorias de la ley de defensa a la competencia. Michel cifró el problema: «La tasa llega en algunos casos al 700% anual» y contabilizó «más de 5,5 millones de deudores».
La CGT y movimientos sociales marcharon a la Plaza de Mayo para visibilizar el reclamo. «Marchamos al ministerio de Economía para mostrar esta pandemia del endeudamiento», dijo Sola, uno de los secretarios generales de la central obrera.
La lectura de Ágora Capital. Los números son reales y el malestar social que generan también. Pero el diagnóstico del peronismo omite un dato estructural: la expansión del crédito al consumo —incluidas las billeteras virtuales— fue posible precisamente porque el mercado encontró demanda donde el sistema bancario tradicional no llegaba. Restringir ese canal sin resolver el problema de fondo —salarios que no recuperan poder adquisitivo— no reduce el endeudamiento; lo empuja hacia circuitos menos regulados y más opacos.
Lo que el debate político no dice es que la mora alta es también el precio de haber financiado durante años el gasto público con emisión, destruyendo el ahorro y forzando a las familias a endeudarse para llegar a fin de mes. Capital busca reglas claras: transparencia en tasas, competencia real y un Estado que no absorba el ahorro disponible. Sin eso, cualquier decreto de emergencia es administración del síntoma, no cura de la enfermedad.
