El mercado negro de cobre entre Trinidad y Tobago y Venezuela se expande a medida que la prohibición de exportación impuesta por Puerto España —vigente hasta julio de 2027— destruye el precio local del metal. Según los comerciantes del sector, la cotización cayó de aproximadamente 6.000 dólares por tonelada a tan solo 2.650 dólares, un desplome de más del 55%.
La lógica es directa: cuando el Estado cierra el canal legal, el diferencial de precios se convierte en el mejor argumento de reclutamiento para el crimen organizado. Los compradores en Venezuela ofrecen más que el mercado interno trinitense, y esa brecha financia travesías nocturnas desde la playa de Erin con vigías monitoreando los turnos de la Guardia Costera.
Los costos humanos ya son visibles. El 26 de julio una embarcación que transportaba cobre de Erin a Venezuela volcó frente a la costa suroeste de Trinidad: un venezolano murió y otro desapareció. El capitán trinitense —quien había sido secuestrado por venezolanos el año pasado— sobrevivió al naufragio y fue arrestado posteriormente por la Policía de Trinidad y Tobago.
Toby Jordan, miembro ejecutivo de la Asociación de Comerciantes de Chatarra de Trinidad y Tobago, con 15 años en el sector, estima que cientos de personas en zonas como Claxton Bay dependen directa o indirectamente de la recolección de chatarra. «Es realmente el trabajo de la gente pobre», declaró a EFE. La red se extiende además hacia Granada, donde chatarra legítima y metal robado comparten las mismas rutas de distribución.
El ministro de Seguridad Nacional, Roger Alexander, declaró a EFE que los contrabandistas y traficantes que operan en el corredor Trinidad-Venezuela «serán perseguidos y procesados». A principios de agosto, tres hombres fueron arrestados y acusados por el presunto hurto de cobre y cables eléctricos en el sur del país. La represión avanza, pero el incentivo económico persiste mientras el diferencial de precios no se cierre.
Una señal de alivio llega desde el sector privado: la reapertura en agosto de la antigua planta siderúrgica de ArcelorMittal en Point Lisas, ahora operada por Ibis Steel Company, filial de la estadounidense Pinnacle Steel and Vanadium Corporation. El presidente de la Asociación de Comerciantes de Chatarra, Allan Ferguson, espera que la instalación cree «un mercado local estable para el metal».
El episodio trinitense es un manual sobre los efectos no deseados de la regulación por decreto. La prohibición nació con un objetivo legítimo —frenar el robo de infraestructura crítica— pero su diseño ignoró la elasticidad del mercado: al comprimir el precio legal por debajo del umbral de rentabilidad, trasladó la actividad hacia el canal ilícito y fortaleció exactamente a las organizaciones criminales que buscaba debilitar. Capital busca reglas claras; cuando las reglas generan pérdidas, el capital —y la gente que depende de él— busca otra salida. La planta de Point Lisas apunta en la dirección correcta: un comprador privado que pague precios competitivos hace más por el orden que cualquier veto administrativo.
