La minera canadiense Gold Reserve se prepara para reanudar operaciones en Venezuela después de que su abogado y representante legal, José Ignacio Moreno Suárez, fue excarcelado del Internado Judicial Rodeo I, en el estado Miranda, tras tres años y cuatro meses de reclusión sin que se celebrara el juicio penal que justificó su detención.
La empresa había condicionado explícitamente su regreso a la libertad de Moreno Suárez. «Gold Reserve siempre sostuvo que no reanudaría sus operaciones en Venezuela hasta que José fuera liberado», señaló la compañía en un comunicado institucional. Ahora anuncia el envío de personal técnico al país.
El expediente financiero es de largo aliento. El gobierno de Hugo Chávez expropió en 2007, sin procedimiento judicial ordinario, los yacimientos Las Brisas y Las Claritas, en el municipio Sifontes del estado Bolívar. En octubre de 2009, Gold Reserve introdujo una demanda arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que derivó en una condena definitiva a la República venezolana por 740 millones de dólares más intereses. Un acuerdo de 2016 fijó el monto total en 1.032 millones de dólares —792 millones del laudo y 240 millones por la base de datos geológica—, con un cronograma de pagos que debía concluir en 2019. El Estado no integró el capital comprometido y los pagos se detuvieron ese año. Con intereses moratorios y costas procesales, la deuda reclamada hoy asciende a 1.260 millones de dólares.
El marco que habilita el retorno combina dos factores externos. El 27 de marzo pasado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una extensión de su Licencia 51A, autorizando actividades que involucren minerales venezolanos, incluido el oro, y transacciones con Minerven, filial de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG). En abril, la Asamblea Nacional aprobó una nueva Ley de Minería. Gold Reserve reconoció además «el respaldo del presidente Donald Trump y del gobierno de Estados Unidos» en sus esfuerzos por generar estabilidad e inversión en Venezuela.
Según Moreno Suárez, declarado a la periodista Maryorin Méndez a su salida de El Rodeo I: «Nos acusaron de alta conspiración simplemente por tratar de cobrar una deuda que data del año 2004 y supera los 1.000 millones de dólares». La fuente indica que pasó a formar parte del grupo de presos políticos de la administración de Nicolás Maduro luego de que el fiscal general, Tarek William Saab, lo acusó de traición a la patria, entre otros cargos, por defender los intereses corporativos de la minera. Gold Reserve, con sede en Barbados y cotizada en la Bolsa de Toronto, en Bermudas y en mercados bursátiles de Estados Unidos, mantiene además derechos litigiosos sobre Citgo Petroleum Corporation y acciones en tribunales de EE. UU. y Portugal.
Un obstáculo persiste: el gobierno de Canadá mantiene sanciones contra el régimen chavista, lo que en la práctica limita las inversiones de empresas canadienses en Venezuela.
El caso Gold Reserve ilustra con precisión el costo real de la expropiación arbitraria: una deuda que creció durante casi dos décadas, un abogado preso sin juicio y yacimientos paralizados que, según la propia empresa, concentran las mayores reservas auríferas del mundo. Cuando el Estado confisca sin proceso y encarcela a quienes reclaman lo que les corresponde, el capital no desaparece —migra a tribunales internacionales y acumula intereses. La apertura que hoy ensaya Caracas no es generosidad; es la consecuencia aritmética de años de espanto jurídico. El mercado ya votó: la única forma de atraer inversión minera es garantizar que los contratos se cumplan y que los abogados no terminen en El Rodeo I.
