El Departamento de Justicia de Estados Unidos incorporó tres propiedades de lujo en Florida a su macrocausa por el presunto blanqueo de 1.200 millones de dólares procedentes de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Los inmuebles estaban vinculados a Britestar Worldwide, sociedad presidida por Fernando Valero, fundador de la firma venezolana de alta joyería Exclusividades Vagú, cuyo nombre apareció en investigaciones sobre el patrimonio del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero.
Según documentos judiciales federales y registros mercantiles consultados por The Objective, Britestar Worldwide fue propietaria de dos mansiones en Coral Gables —en 6905 Prado Boulevard y 655 Casuarina Concourse— y de un apartamento en el complejo Icon Brickell de Miami. Una cuarta propiedad, en 194 Isla Dorada Boulevard (Coral Gables), pertenecía a Sky Investment and Field Construction Corp., otra sociedad relacionada con el mismo entorno.
Tras el fallecimiento de Valero en agosto de 2018, su viuda, Yngrid Silva, junto con Britestar Worldwide y Sky Investment, acudió a la justicia federal para intentar recuperar los inmuebles. Los demandantes argumentaron que las propiedades habían sido adquiridas con beneficios legítimos del negocio joyero y subrayaron que Valero nunca fue acusado penalmente. El juez federal Edwin G. Torres rechazó la reclamación en febrero de 2020 al considerar que no concurrían los requisitos legales para excluir los bienes del procedimiento de decomiso.
La Fiscalía sostiene que parte del dinero obtenido mediante una trama de corrupción fue canalizado a través de sociedades mercantiles para adquirir inmuebles de lujo en Estados Unidos. The Objective ha documentado que Valero levantó una red de sociedades con presencia en EE.UU., Panamá, Belice, España y Mauricio, que trascendía el negocio de la alta joyería y se extendía a actividades patrimoniales, inmobiliarias y de inversión.
Las investigaciones también acreditaron que Valero compartió en Mauricio la sociedad Worldwide Wealth Management PCC con Mario Enrique Bonilla Vallera, empresario venezolano investigado por la justicia estadounidense en el denominado caso Money Flight. Según investigaciones de Armando.info, El Pitazo, Cuentas Claras Digital y otros medios venezolanos, Bonilla se sitúa en el entorno familiar de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro.
El caso ilustra con precisión el mecanismo clásico del saqueo estatal: el aparato de PDVSA —empresa de todos los venezolanos— como fuente, una constelación de sociedades offshore como conducto, y el mercado inmobiliario de Florida como destino final del capital. Cuando el Estado controla la renta petrolera sin contrapesos institucionales, el costo lo pagan los ciudadanos más pobres del país productor, no los gestores de las mansiones en Coral Gables. La decisión del juez Torres y la acción del Departamento de Justicia demuestran que la propiedad privada legítima y el Estado de derecho son, precisamente, las herramientas que permiten distinguir el capital honesto del botín.
