Javier Milei salió este jueves al cruce de las críticas que recibe Federico Sturzenegger, su ministro de Desregulación y Transformación del Estado, y las atribuyó directamente a intereses económicos afectados por las reformas.
«Cuando ustedes vean a un sorete, a una mierda humana criticando a Federico es porque le está tocando un negocio prebendario a un chorro y a un corrupto», dijo el presidente durante el cierre del Council of the Americas, realizado al mediodía en Buenos Aires.
El respaldo llegó en un momento de presión legislativa. Los proyectos de Sociedades y Súper RIGI de Sturzenegger no logran dictamen en el Senado, y la Ley de Tierras fracasó generando rispideces dentro del propio espacio de La Libertad Avanza.
17.000 regulaciones eliminadas
Milei cifró el alcance del trabajo de su ministro: «Por eso putean tanto, y miren que sacó 17.000 regulaciones». Luego adelantó que el proceso no se detiene: «Vamos por mucha más. No voy a parar la forma de reformar la economía argentina».
El presidente también respondió al argumento de que la apertura destruye empresas. Lo admitió parcialmente, pero rechazó el marco con el que se presenta: «Es cierto que desaparecen empresas, sí, pero desaparecen empresas de una sola persona. Y aparecen empresas que contratan de repente diez personas».
Calificó de «deshonesto intelectualmente» el enfoque de quienes solo contabilizan cierres sin registrar las aperturas simultáneas.
Los números que cita la gestión
Milei ofreció dos indicadores para sostener que el balance es positivo. Primero, la tasa de desempleo: «Si fuera tan así que son todas las que cierran y no abre ninguna, tendría que estar volando el desempleo y el desempleo no está volando. Está en 7,8%».
Segundo, el comportamiento del sector informal, que representa el 50% del mercado laboral y registra una suba salarial de más del 40%. Insistió en que ignorar ese segmento es otra forma de distorsionar el diagnóstico.
Lectura de Ágora Capital
La defensa pública de Milei a Sturzenegger no es solo lealtad política: es una señal de que el Ejecutivo no tiene intención de frenar el proceso desregulatorio, aunque el Senado lo trabe. Cuando un gobierno elimina 17.000 normas, los sectores que vivían de esas normas reaccionan; que esa reacción se llame «crítica técnica» no cambia su naturaleza.
El dato del desempleo y el alza salarial informal son el argumento de mercado que la gestión necesita sostener. Capital busca reglas claras, y cada regulación eliminada es un costo de transacción que desaparece. El debate real no es si cierran empresas —cierran las que solo existían gracias al privilegio regulatorio—, sino si el Estado argentino tiene la consistencia institucional para sostener el rumbo cuando la presión legislativa aprieta.
