El terremoto del 10 de agosto, de magnitud 7,4, dejó a Colombia frente a una emergencia de reconstrucción que el sector privado decidió no esperar a que el Gobierno resolviera solo.
El presidente Abelardo de la Espriella informó este domingo que David Vélez, fundador de Nu, le comunicó su decisión de aportar $100.000 millones para los colombianos afectados. «Hace un minuto hablé con David Vélez, quien me manifestó su decisión de aportar $100.000 millones para ayudar a los colombianos afectados por esta tragedia», publicó el mandatario en su cuenta de X.
Más temprano, De la Espriella había anunciado que Jaime Gilinski y su esposa, Raquel, confirmaron una donación de $150.000 millones, destinada específicamente a la reconstrucción de hospitales y escuelas en Cali. «Todo mi agradecimiento y reconocimiento a la familia Gilinski por este extraordinario gesto de solidaridad con Colombia», señaló el jefe de Estado.
A esas dos cifras se suma el aporte de la familia Santo Domingo, anunciado el viernes durante la clausura del Congreso Anual de la ANDI en Cartagena: $100.000 millones a través de la Fundación Santo Domingo, Valorem y sus empresas vinculadas. Los recursos cubrirán respuesta humanitaria, estabilización y reconstrucción, con prioridad en seguridad alimentaria, educación, salud y vivienda.
Con los tres anuncios, los aportes privados confirmados suman $350.000 millones.
El movimiento no se detiene ahí. En el marco del mismo congreso de la ANDI, más de 500 empresas se unieron a una campaña de solidaridad que, según el gremio, acumuló $201.637 millones en apenas 48 horas. El líder del gremio, Mac Master, precisó que esos recursos se administrarán mediante una fiducia supervisada para garantizar transparencia en su ejecución.
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Lo que ocurrió en Cartagena y en las llamadas del fin de semana tiene una lectura que va más allá de la solidaridad coyuntural. Cuando el aparato estatal enfrenta una catástrofe de esta magnitud, es el capital privado —con su capacidad de movilización rápida, su estructura fiduciaria y su rendición de cuentas ante accionistas y donantes— el que puede llegar primero y con mayor precisión a las comunidades damnificadas.
La libre empresa no solo genera empleo en tiempos normales: en la emergencia demuestra que la inversión privada y la propiedad bien administrada producen el excedente que hace posible la reconstrucción. El reto ahora es que el marco institucional garantice que cada peso llegue a su destino, sin que la burocracia lo diluya en el camino.
