El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al occidente colombiano el 10 de agosto dejó daños en viviendas, hospitales, vías y aeropuertos de Cali, Pereira, Manizales, Armenia y Quibdó. Las cifras preliminares citadas por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) estiman pérdidas de $24,5 billones en edificaciones y $5,5 billones en infraestructura, un impacto cercano al 1,6% del PIB.
Ante la emergencia económica decretada por el Gobierno, Anif presentó seis propuestas para movilizar recursos sin crear tributos permanentes ni comprometer la sostenibilidad fiscal.
Presupuesto sin ejecutar, primera palanca. El gremio señala que el monto máximo susceptible de revisión en el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026 asciende a $20,1 billones, concentrándose en entidades con ejecución de inversión inferior al 20%. Para el PGN de 2027, Anif recomienda priorizar las entidades responsables de gestión del riesgo y reconstrucción.
Regalías represadas, segunda fuente. Con cifras a corte de julio de 2026, Anif propone liberar $3,7 billones del Sistema General de Regalías (SGR) correspondientes a proyectos sin Certificado de Disponibilidad Presupuestal, más $10,1 billones del recaudo del SGR aún no asignados. La propuesta también permitiría que los municipios afectados aprueben directamente proyectos de reconstrucción, aunque no estén incluidos en sus planes de desarrollo.
Crédito con garantía para microempresas. A través del Fondo Nacional de Garantías (FNG), Anif plantea líneas de crédito con coberturas de entre 60% y 90% del valor del préstamo, con posibles periodos de gracia. Si entre 30% y 80% de las microempresas en la zona de emergencia solicitaran estos créditos, la capitalización requerida al FNG oscilaría entre $90.000 millones y $240.000 millones.
Obras por Impuestos, ventana para el sector privado. El gremio propone extender temporalmente este mecanismo a ciudades como Pereira, Manizales y Cali, que actualmente no califican. Para 2026, el cupo de Obras por Impuestos fue fijado en $1,14 billones, con cerca de $269.000 millones aún disponibles.
Anticipo solidario voluntario. La quinta medida permitiría que los contribuyentes del impuesto de renta realicen un pago adicional voluntario de hasta 10% del impuesto liquidado, descontable en su totalidad al año siguiente. Anif enfatiza que no sería un nuevo impuesto, sino un anticipo con reconocimiento como crédito tributario mediante un certificado oficial.
Rentas de destinación específica, válvula de emergencia. La sexta propuesta evalúa una flexibilización temporal del uso de rentas asociadas al ICBF, el Sena y otras entidades, siempre dentro del marco constitucional y legal vigente.
Anif ubica estas propuestas en línea con las lecciones del terremoto del Eje Cafetero de 1999.
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El paquete de Anif es, ante todo, un mapa de recursos que el aparato estatal ya tiene pero no ha desplegado. Que $20,1 billones del PGN permanezcan sin comprometer mientras el occidente del país contabiliza daños equivalentes al 1,6% del PIB dice más sobre la eficiencia del gasto público que sobre la magnitud del desastre. La propuesta del anticipo voluntario merece atención especial: demuestra que el capital privado puede movilizarse sin coerción cuando las reglas son claras y la devolución está garantizada. El mercado, bien encuadrado, no necesita un nuevo impuesto para responder.
