El ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Rafael Rey, compareció ante el Parlamento este jueves para desactivar la polémica con el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, y anunció que encargó a ProInversión la revisión de estudios y la determinación de la viabilidad del proyecto del tren Lima-Chosica.
«He decidido delegar todos los análisis, estudios y decisiones a ProInversión, para que ahí se decida lo que sea viable y lo que convenga a la población», afirmó Rey, quien mostró ante los legisladores el oficio que formalizó el encargo.
El funcionario rechazó que su postura anterior —en la que cuestionó la iniciativa ferroviaria— implicara oposición personal al proyecto. «Una desafortunada referencia mía al pasado en una entrevista fue lamentablemente mal interpretada. No estoy enfrentado con nadie», sostuvo. Y añadió: «Solo un irresponsable o un ministro miserable podría oponerse a un proyecto que beneficia a la población por supuestas o reales discrepancias con algún otro político. Tengo muchos defectos, pero no soy ni miserable ni irresponsable».
La respuesta llegó un día después de que López Aliaga calificara a Rey de «ministro procorrupción» y lo vinculara con la defensa de los intereses de Brookfield, el fondo canadiense que adquirió el control de Rutas de Lima a la firma brasileña Odebrecht. «Ponen a un señor que defiende a Brookfield, que es el socio de una corrupta empresa llamada Odebrecht, que estaba pre sentenciada, que compró acciones de un delincuente preso», afirmó el exalcalde, según recoge la fuente. Esas son palabras de López Aliaga, no una afirmación verificada por este medio.
El líder de Renovación Popular también cuestionó que Rey haya señalado que el material rodante entregado a la Municipalidad de Lima por parte de Caltrain para el proyecto Lima-Chosica correspondió a una compra y no a una donación. Según López Aliaga, esas declaraciones constituirían una «interferencia electoral» y violarían las restricciones propias del cargo ministerial. Asimismo, reveló que advirtió previamente al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, sobre su oposición a la designación de Rey.
El desenlace inmediato es que la decisión sobre el tren Lima-Chosica quedó en manos de ProInversión, la agencia estatal de promoción de la inversión privada.
Lectura editorial. Que el MTC haya derivado el expediente a ProInversión puede leerse como un gesto técnico razonable: sacar la decisión del fuego cruzado político y ponerla en un organismo cuya razón de ser es evaluar la bancabilidad de proyectos. El tren Lima-Chosica es, en esencia, una apuesta de infraestructura con potencial de atraer capital privado; lo que necesita es certeza jurídica y estudios sólidos, no un ring ministerial. El problema de fondo no es la disputa entre Rey y López Aliaga: es que Perú lleva décadas sin resolver su déficit de transporte masivo mientras el debate se consume en acusaciones cruzadas. Capital busca reglas claras, y ese espectáculo no ayuda.
