El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, publicó un posicionamiento en el Wall Street Journal para rebatir a la columnista Mary O'Grady, quien había advertido «riesgos de censura» derivados de la iniciativa de Derechos de las Audiencias propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.
«A pesar de lo que sostiene Mary O'Grady, la prensa de México no está silenciada. Determinar si un gobierno está censurando a su prensa no es una cuestión de retórica. Es una cuestión de evidencia, y los hechos contradicen su afirmación», escribió Velasco en el medio estadounidense.
La iniciativa en cuestión propone que los medios de comunicación cuenten con códigos de ética, defensorías de las audiencias y procedimientos para recibir y atender quejas ciudadanas. Sheinbaum ha rechazado que el objetivo sea censurar a los medios y destacó que representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión participaron en la elaboración del proyecto.
Velasco argumentó que el Congreso mexicano estableció este marco legal y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los derechos de las audiencias tienen prioridad frente a los intereses comerciales de los concesionarios. Sostuvo también que, a diferencia de periodos anteriores, Sheinbaum responde de manera cotidiana a preguntas de periodistas tanto durante La Mañanera del Pueblo como en sus recorridos y eventos por distintas regiones del país.
Como evidencia de pluralidad, el secretario señaló que una de las dos cadenas de televisión más grandes del país mantiene una línea editorial abiertamente crítica hacia el gobierno federal y, pese a ello, conserva su concesión. Agregó que académicos citados por O'Grady pueden publicar sus opiniones en México sin restricción.
Velasco cerró con una declaración que el propio WSJ reprodujo íntegra: «Diferimos de la señora O'Grady. Sin embargo, defendemos su libertad de publicar con la misma firmeza con la que la defendemos en México: para quienes están de acuerdo con nosotros y, más importante aún, para quienes no lo están».
Desde la línea editorial de Ágora Capital, el gesto diplomático de Velasco no despeja la pregunta de fondo: quién define qué constituye una queja válida de audiencia y qué autoridad la resuelve. Toda regulación que otorgue al aparato estatal poder discrecional sobre los contenidos informativos crea incentivos para la autocensura, independientemente de que hoy una cadena crítica conserve su concesión. Capital busca reglas claras, y una norma cuyo alcance sigue en disputa pública —hasta el punto de generar réplicas en el WSJ— no las ofrece. El mercado de la información, como cualquier otro, funciona mejor cuando el árbitro no es también jugador.
