El 4 de junio de 2023, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) abordaron a José Ignacio Moreno Suárez en un restaurante del este de Caracas. Le dijeron que era una «entrevista de rutina». Horas después quedó privado de libertad. Hoy sigue recluido en el Centro Penitenciario Judicial El Rodeo I.
Moreno Suárez es abogado especialista en materia corporativa y penal. Su función era la asesoría e intermediación legal dentro de Venezuela para Gold Reserve Inc., empresa minera canadiense que mantiene un litigio arbitral internacional contra el Estado venezolano por la cancelación de las concesiones del proyecto aurífero y cuprífero Brisas-Cristinas, ubicado en el Arco Minero del Orinoco.
El Ministerio Público le atribuyó imputaciones de extrema gravedad delictiva. Para su equipo de defensa, encabezado por el jurista Jesús Loreto Carpio, esas acusaciones configuran una criminalización del ejercicio profesional: la tesis fiscal no persigue un delito común ni una conspiración real, sino la labor ordinaria de un apoderado legal que actuó para proteger los derechos contractuales de su cliente.
Las solicitudes de revisión de la medida privativa de libertad tramitadas por la defensa continúan paralizadas en instancias de apelación. El inicio del juicio formal se posterga indefinidamente.
El expediente condensa, según la fuente, las deficiencias y arbitrariedades que organismos como la Misión Internacional Independiente de la ONU y la CIDH han documentado sobre la justicia penal venezolana cuando se procesan causas con trasfondo político o de alto interés para el poder central.
El contraste con el discurso oficial es difícil de ignorar. El Ejecutivo venezolano, con Delcy Rodríguez al frente, insiste en proyectar una imagen de apertura económica: garantías, alianzas estratégicas e incentivos fiscales para atraer capital privado internacional. El caso Moreno Suárez contrapone esa narrativa con hechos concretos.
«Su prolongada detención expone el nudo ciego de la política oficial: resulta imposible construir un clima atractivo para los negocios y las inversiones internacionales sobre las ruinas del debido proceso y la seguridad jurídica», dijo a El Tiempo una fuente allegada al caso.
La lectura de Ágora Capital es directa. Capital busca reglas claras, y Venezuela ofrece lo contrario: un abogado corporativo convertido en rehén del aparato de contrainteligencia militar es la señal de precio más elocuente que puede emitir un mercado. Ningún incentivo fiscal compensa el riesgo de que el asesor jurídico de una multinacional termine en prisión preventiva indefinida por hacer su trabajo.
El caso Moreno Suárez no es una anomalía; es el precio de entrada que el régimen cobra a quienes se atreven a litigar contra él. Mientras las apelaciones duermen en los despachos y el juicio no arranca, el mensaje al inversor extranjero es inequívoco: en Venezuela, el Estado es contraparte, juez y carcelero al mismo tiempo.
