Cuando el Estado falla, el capital privado llena el vacío. Eso es exactamente lo que ocurre en Venice Beach, el enclave costero de Los Ángeles donde unos 250 propietarios y negocios decidieron dejar de esperar al gobierno y contratar su propia seguridad.
La empresa elegida se llama Ghost Town Consultants. La fundaron Bobby Luna, un ex alcohólico con raíces profundas en Venice, y Ricky Myers, quien fue indigente a los 15 años y estuvo vinculado a la pandilla MS-13 en el barrio de Oakwood. Ambos se convirtieron en padres, encontraron un propósito y hoy dirigen un equipo de aproximadamente 12 personas que patrulla propiedades, documenta condiciones y envía actualizaciones periódicas a los clientes.
El detonante fue una crisis que los residentes describen sin eufemismos. El propietario de apartamentos Rick Swinger relató que hasta 200 personas sin hogar habían instalado un campamento tan extenso sobre Rose Avenue que la calle fue apodada «Skid Rose». «Estábamos en una zona de guerra», dijo Swinger. «Me lastimé, amenazaron a mi esposa. Pedimos ayuda y nadie apareció».
La tarifa mensual parte desde 300 dólares por cliente. A cambio, los contratantes reciben patrullajes diurnos y comunicación directa. El método de Ghost Town no incluye armas: sus operadores hablan con los ocupantes y los persuaden de moverse.
El déficit policial, en números
El trasfondo institucional explica la demanda. El jefe del LAPD, McDonnell, declaró en julio que la fuerza había caído en unos 200 agentes desde febrero, hasta 8.550, mientras la cifra que considera necesaria para policial correctamente la ciudad subió a entre 12.000 y 12.500. El déficit ronda los 4.000 oficiales.
El ex sheriff del condado de Los Ángeles, Villanueva —quien durante su gestión desalojó campamentos en Venice y hoy busca recuperar el cargo— fue directo: «El establishment político del condado ha creado un ecosistema abiertamente hostil hacia las fuerzas del orden. Cuando creas ese entorno, no vas a reclutar ni retener policías».
El ex concejal Dennis Zine, con décadas en el LAPD y aún activo como oficial de reserva, apuntó al mismo diagnóstico: restricciones operativas que, según él, dejan a los agentes sin margen para intervenir, sumadas a la escasez de personal. «Lo que pasa en Venice pasa en cada división», advirtió.
Lo que el mercado ya votó
Desde Ágora Capital, la lectura es sencilla: cuando el gasto público en seguridad no produce resultados —ya sea por mala asignación, restricciones ideológicas o simple desfinanciamiento— los contribuyentes terminan pagando dos veces. Primero con impuestos que sostienen un aparato que no llega; luego, de su bolsillo, para cubrir el hueco.
Ghost Town Consultants no es una anomalía pintoresca. Es una señal de precio. Capital y comunidad buscan reglas claras y protección efectiva; si el Estado no las provee, el mercado encuentra el camino, aunque sea por 300 dólares al mes.
