El presidente Donald Trump firmó dos nuevos decretos ejecutivos relacionados con la ciudadanía por nacimiento, semanas después de que la Corte Suprema rechazara por 6-3 su intento anterior de restringirla.
El fallo, dictado el 30 de junio en el caso Trump v. Barbara, estableció que los hijos nacidos en Estados Unidos de padres en situación irregular o temporal están «sujetos a la jurisdicción» del país y son ciudadanos al nacer, conforme a la 14.ª Enmienda. El presidente del Tribunal, Roberts, redactó la opinión para cinco magistrados sobre la cuestión constitucional; el magistrado Kavanaugh aportó el sexto voto por razones estatutarias, al concluir que el decreto ejecutivo anterior de Trump no podía sostenerse porque contradecía el §1401(a) del Código de los Estados Unidos. Kavanaugh discrepó de la interpretación constitucional de la mayoría, pero coincidió en el resultado: el decreto caía.
El lenguaje del Tribunal fue enfático. Roberts recordó que los legisladores de la era de la Reconstrucción buscaron zanjar la cuestión de la ciudadanía «de una vez y para siempre». Al cierre, describió la ciudadanía como «el derecho a tener derechos» y declaró: «Mantenemos esa promesa hoy».
Cinco semanas después, Trump firmó dos órdenes. La primera, denominada Ending Birth Tourism, instruye a los Departamentos de Estado y de Seguridad Nacional a endurecer controles contra quienes usan visas temporales para dar a luz en suelo estadounidense. La segunda, Continuing to Protect the Meaning and Value of American Citizenship, identifica categorías adicionales de niños que la administración sostiene no deberían recibir ciudadanía al nacer: hijos de presuntos «enemigos extranjeros», empleados de gobiernos foráneos y padres involucrados en acuerdos comerciales orientados a obtener ciudadanía por nacimiento.
La primera orden plantea principalmente una cuestión de aplicación migratoria. La segunda regresa directamente al terreno constitucional que la Corte acaba de resolver.
Cody Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de Inmigrantes de la ACLU y abogado principal en el litigio, fue directo: «Al presidente Trump puede no gustarle el hecho de que la ciudadanía por nacimiento sea un derecho constitucional», pero eso «no viene al caso». Amia Trigg, subdirectora de litigios del Legal Defense Fund, acusó al presidente de intentar «redoblar la apuesta» tras el rechazo de la Corte a redefinir la ciudadanía estadounidense por vía ejecutiva.
La 14.ª Enmienda no condiciona la ciudadanía al estatus migratorio, la conducta ni las intenciones de los padres. El Congreso recogió la misma fórmula en el §1401(a): ciudadano al nacer es quien nace en Estados Unidos y está sujeto a su jurisdicción, sin excepciones adicionales.
La lectura de Ágora Capital. El mercado jurídico ya votó: la Corte Suprema trazó una línea y el Ejecutivo no puede borrarla con un decreto. Lo que está en juego no es solo política migratoria, sino el principio de que las reglas constitucionales son predecibles y no negociables. Un Estado de derecho robusto —condición indispensable para la inversión y la confianza institucional— exige que los fallos del máximo tribunal sean acatados, no sorteados con nuevas etiquetas. Si la administración considera que la 14.ª Enmienda debe modificarse, la vía es el proceso legislativo o de enmienda constitucional, no la improvisación ejecutiva. Capital busca reglas claras; la incertidumbre jurídica tiene un costo que siempre termina pagando alguien.
