El 9º Tribunal Federal de Apelaciones de San Francisco rechazó el intento de Meta, Google, TikTok, Snapchat y otras plataformas de frenar miles de demandas por diseño adictivo de sus productos dirigidos a menores. La decisión, emitida el lunes, consolida alrededor de 2,400 casos federales ante la jueza de distrito Yvonne Gonzalez Rogers en Oakland, California.
Las compañías argumentaron que la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996 —que las protege de responsabilidad por contenido publicado por terceros— también las blindaba frente a señalamientos sobre el diseño adictivo de sus plataformas. El tribunal discrepó: la norma ofrece una defensa frente a la responsabilidad, «no una inmunidad frente a la demanda», por lo que el recurso fue presentado de forma prematura y el tribunal carece de jurisdicción de apelación en este momento.
El panel también negó la solicitud de Meta para posponer el juicio que comenzó el miércoles, promovido por 29 fiscales generales estatales que alegan que la empresa recopiló y usó datos de menores de forma ilegal, y diseñó sus plataformas para mantener enganchados a los usuarios jóvenes.
El historial de condenas ya pesa.
En marzo, un jurado de California otorgó $3 millones en daños compensatorios y $3 millones adicionales en daños punitivos a una mujer de 20 años que argumentó haberse vuelto adicta a Instagram y YouTube durante su infancia. En Nuevo México, Meta perdió ambas fases de un juicio estatal: el jurado ordenó $375 millones por declaraciones engañosas sobre el impacto de las redes en la salud mental infantil, y un juez impuso posteriormente una multa adicional de $567 millones por haber creado una «molestia pública». Meta y Google han negado irregularidades y anunciaron apelaciones.
El contexto regulatorio internacional presiona en la misma dirección. Francia planea prohibir el acceso de menores de 15 años a redes sociales y vetar los teléfonos móviles en bachillerato a partir del próximo mes. Australia ya impuso una prohibición para menores de 16 años, con multas de hasta 49.5 millones de dólares australianos ($35 millones) para plataformas incumplidoras. Reino Unido planea una medida similar el próximo año.
Lectura de Ágora Capital.
Los números hablan solos: $942 millones en condenas acumuladas contra Meta en dos estados, miles de demandas pendientes y un tribunal de apelaciones que cierra la vía de escape más rápida. El mercado ya votó —la incertidumbre legal es un pasivo real en los balances de estas compañías— y el riesgo regulatorio cruzado entre jurisdicciones no hará sino crecer.
El principio en juego es doble. Por un lado, la responsabilidad del producto: si una empresa diseña deliberadamente mecanismos para generar dependencia en menores, el libre mercado exige que asuma el costo de ese daño, no que lo externalice a las familias y al sistema de salud. Por otro, la escala del litigio colectivo coordinado por fiscales estatales recuerda al modelo tabacalero de los noventa: cuando el aparato estatal y los abogados de contingencia confluyen, las cifras finales suelen superar con creces las estimaciones iniciales. Capital busca reglas claras; lo que se acumula aquí es todo lo contrario.
