El terremoto del 10 de agosto dejó sin electricidad a más de 1,5 millones de usuarios en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío, Cauca y Nariño. La desconexión alcanzó cerca de 1.700 megavatios (MW) de demanda, equivalentes al 18% del consumo nacional en ese momento, según informó el Ministerio de Minas y Energía.
Días después, más del 97% de esos usuarios ya cuenta nuevamente con el servicio. En Chocó —uno de los departamentos más golpeados— el restablecimiento llegó al 98%. En Caldas y Risaralda, la empresa CHEC reportó el 99% de cobertura recuperada.
El resultado no fue obra exclusiva del aparato estatal. Ante la solicitud de DISPAC, se articuló el apoyo de CEDENAR, ENEL, EPM, ELECTROVICHADA, ELECTROCAQUETÁ y otras compañías, que aportaron equipos, materiales y cuadrillas. EMCALI, CELSIA y EDEQ concentran actualmente sus esfuerzos en los usuarios que permanecen sin servicio, en su mayoría ubicados en zonas rurales del norte del Valle del Cauca.
Las labores continúan en localidades como Lloró, Yuto, Paimadó, Managrú, Tutunendo, Río Quito y diversas comunidades indígenas. También persisten trabajos en Santa Genoveva de Docordó, Mochado, Pizarro, Piliza, Bellavista, Villa Luz y San José de Quera, donde el acceso ha sido especialmente complejo. Los equipos han enfrentado derrumbes, vías destruidas y fallas de comunicación; en algunos puntos se recurrió a sistemas satelitales para mantener la coordinación.
El Ministerio de Minas y Energía señaló que los principales retos se encuentran en las Zonas No Interconectadas y en áreas rurales de difícil acceso, donde el IPSE y los prestadores trabajan en la recuperación de plantas de generación, postes y redes eléctricas.
Durante la emergencia, las empresas y autoridades priorizaron hospitales, acueductos, aeropuertos y torres de comunicaciones. La ministra Arboleda afirmó que «mientras haya familias sin energía, la emergencia sigue abierta».
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Lo que estos números revelan va más allá de la logística de emergencia: cuando el Estado coordinó en lugar de monopolizar, la respuesta fue rápida. Fueron las empresas privadas —EPM, ENEL, CELSIA, EMCALI y otras— las que pusieron cuadrillas, materiales y velocidad de ejecución sobre el terreno. El sector privado no esperó instrucciones; actuó.
Los rezagos, en cambio, se concentran exactamente donde la libre empresa tiene menos presencia: las Zonas No Interconectadas, territorios históricamente dependientes del Estado y con infraestructura precaria. Capital busca reglas claras, y también infraestructura confiable. La reconstrucción post-sismo es una oportunidad para que Colombia abra esas zonas a la inversión privada, en lugar de perpetuar la dependencia de un aparato público que, incluso en emergencias, llega tarde a los lugares más remotos.
