Un sismo de magnitud 7,4 sacudió a Colombia y dejó al departamento del Chocó con 14 personas fallecidas, 138 lesionadas y 5 desaparecidas, según cifras oficiales. Las afectaciones materiales en infraestructura pública y privada suman 3.166 casos en todo el departamento.
Ante ese cuadro, la gobernadora Córdoba-Curi propuso la creación de un banco de materiales de construcción: un fondo de insumos reunidos con aportes públicos y privados, distribuidos de forma organizada entre los hogares damnificados. La mandataria hizo un llamado directo a los empresarios del país para que contribuyan al esquema.
La prioridad serían las viviendas con daños parciales que no requieren reconstrucción total. Córdoba-Curi explicó, en conversación con Caracol Radio, que la vía es necesaria porque «muchas de las familias no alcanzan a esperar que se hagan todos los trámites formales de Estado» para regresar a sus casas. El banco permitiría que quienes tengan capacidad de ejecutar obras directamente reciban los materiales y actúen de inmediato.
Para evitar que las familias ocupen estructuras en riesgo, cada entrega estaría respaldada por una evaluación profesional de habitabilidad. Ante la escasez de técnicos en el departamento, la gobernadora convocó a la Sociedad Colombiana de Ingenieros y a la Sociedad Colombiana de Ingeniería Sísmica para enviar profesionales que acompañen las inspecciones.
El epicentro del sismo fue San José del Palmar, donde no se reportaron víctimas fatales —hecho atribuido a que la mayoría de sus casas son de un solo piso—, aunque el municipio sufrió la destrucción total de 20 casas y daños en otras 400, quedó aislado por vía terrestre hacia Cartago por un derrumbe y perdió energía eléctrica y señal celular.
El golpe más duro en vidas se concentró en Quibdó: el colapso del edificio Aprivapa causó seis muertes, entre ellas la de Mateo Valencia, hijo de seis años del alcalde de Bahía Solano, según reporta El Colombiano.
La crisis sanitaria preexistente agravó la emergencia. Chocó no cuenta con ningún hospital de tercer nivel de complejidad. El único hospital de segundo nivel, el San Francisco de Asís en Quibdó, colapsó minutos después del sismo y agotó sus insumos biomédicos básicos. El Gobierno Nacional coordinó traslados aéreos de los pacientes más graves hacia Medellín, ciudad que declaró emergencia roja hospitalaria.
En paralelo, las autoridades distribuyen cuatro tipos de kits de emergencia: alimentos no perecederos, elementos de aseo familiar, implementos de cocina y kits de hábitat —colchonetas, hamacas y sábanas— para quienes perdieron la totalidad de sus pertenencias.
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La propuesta de Córdoba-Curi ilustra una verdad que el mercado conoce bien: cuando el aparato estatal es lento o inexistente, la solución pasa por acortar la cadena entre el recurso y quien lo necesita. Un banco de materiales alimentado por capital privado y ejecutado por las propias familias es, en esencia, desintermediación burocrática aplicada a la reconstrucción.
El caso Chocó también expone el costo real de décadas de subinversión en infraestructura pública: un departamento sin hospital de tercer nivel no puede absorber un sismo de 7,4. Esa factura no la paga el Estado en abstracto; la pagan los ciudadanos con sus vidas.
