La solidaridad del empresariado colombiano se tradujo en números concretos. La campaña #EmpresasUnidasPorColombia, impulsada por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y sus afiliadas, alcanzó $72.778 millones en donaciones para atender la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto.
La cifra fue anunciada durante el cierre del 11.º Congreso Empresarial Colombiano (CEC), celebrado en Cartagena y reorientado este año para concentrar esfuerzos en la crisis nacional.
De $2.000 millones a $72.778 millones en días
El presidente de la Andi, Mac Master, presentó la campaña el miércoles pasado con un aporte inicial equivalente a la mitad de los recursos obtenidos por las inscripciones al CEC, con una base de $2.000 millones. La respuesta fue inmediata: en la primera hora se reunieron más de $4.500 millones; al cierre de la primera jornada del Congreso, el monto ascendía a $9.100 millones; dos días después superó los $50.000 millones.
Mac Master explicó que los fondos serán administrados a través de una fiducia. «Estamos coordinando tener una fiducia en donde logremos tener esos recursos para que estos tengan una vigilancia clara alrededor de los donantes, que tengan tranquilidad alrededor de cómo se usan los recursos», señaló, según la fuente.
Dos líneas de acción
La estrategia contempla, primero, la recolección de dinero para financiar atención humanitaria inmediata y la posterior reconstrucción de las zonas afectadas. Segundo, la recolección de alimentos, medicamentos y elementos de primera necesidad, canalizados mediante centros de acopio en coordinación con asociaciones de bancos de alimentos y de medicamentos del país.
Jaime Murra, presidente de la Junta Directiva de la Andi y del Grupo Diana, llamó a los empresarios a mantener su participación en la recuperación y subrayó que el empresariado debe «ayudar a construir país». Mac Master, por su parte, recordó la participación del sector privado en emergencias anteriores: la vacunación durante la pandemia de covid-19 y el acompañamiento a comunidades en Mocoa, Tumaco, La Mojana y San Andrés.
Lectura editorial
Lo que ocurrió en Cartagena es una demostración de lo que la libre empresa puede hacer cuando el Estado no monopoliza la respuesta a una crisis. En menos de 72 horas, sin decreto ni burocracia, el sector privado movilizó recursos que difícilmente habría reunido cualquier fondo público en el mismo plazo.
El detalle de la fiducia no es menor: los donantes exigen trazabilidad, no fe ciega en el aparato oficial. Capital busca reglas claras, incluso —y sobre todo— en la emergencia. La pregunta que queda abierta es si el gobierno de Petro sabrá articularse con esta maquinaria privada o preferirá, como ha sido su tendencia, disputar el protagonismo en lugar de sumar fuerzas.
