Querétaro aspira a ser el gran nodo de centros de datos de América Latina. Las proyecciones apuntan a más de 1.5 gigawatts adicionales de capacidad en los próximos años, impulsados por la demanda de nube e inteligencia artificial. El problema es que esa infraestructura digital consume agua, electricidad y tierra en cantidades que el estado no tiene garantizadas.
La columna de opinión publicada en El Financiero el 18 de agosto de 2026 plantea la tesis con claridad: la política climática se ha convertido en política industrial. Una empresa que evalúa dónde colocar capital intensivo ya no pregunta solo por costos laborales o certidumbre jurídica; pregunta si habrá electricidad suficiente durante décadas, qué porcentaje podrá ser limpia y qué tan expuesta estará su infraestructura a sequías o inundaciones.
Los números respaldan la urgencia. Entre 2016 y 2025, las aseguradoras mexicanas pagaron alrededor de 79,800 millones de pesos por daños asociados a fenómenos hidrometeorológicos, un promedio de 22 millones de pesos diarios. Solo en 2025, sin un huracán catastrófico de por medio, los daños asegurados por lluvias e inundaciones se estimaron en 11,300 millones de pesos, 70% más que el año anterior. El riesgo climático ya está en el estado de resultados del sector privado y en las cuentas públicas.
En ese contexto, la nueva NDC 3.0 de México establece por primera vez una meta absoluta de emisiones para 2035: entre 364 y 404 millones de toneladas de CO₂ equivalente en el escenario no condicionado. La estrategia incorpora infraestructura estratégica, gestión hídrica y un eje de seguridad climática, y vincula la transición con el Plan México. El desafío, señala el análisis, es convertir esa arquitectura de compromisos en decisiones de inversión concretas.
El texto cita a Rhiana Gunn-Wright, arquitecta del Green New Deal en Estados Unidos, con la frase «toda política económica es también política climática». El ángulo es relevante: la convergencia entre agenda climática y agenda industrial no es una concesión ideológica, es una realidad de mercado. Los principales socios comerciales de México incorporan criterios climáticos a sus cadenas de suministro. Ignorarlo tiene costo competitivo.
Las decisiones críticas, advierte el análisis, no se tomarán en conferencias internacionales sino cuando un gobernador asigne agua entre ciudades e industria, un municipio autorice un parque industrial o se decida dónde ampliar la red eléctrica.
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Desde la perspectiva de Ágora Capital, el diagnóstico es correcto pero la solución no pasa por más planificación estatal. El nearshoring es una oportunidad de mercado que responde a incentivos, no a decretos. Lo que el capital busca es reglas claras, derechos de propiedad sobre el agua, contratos de energía limpia ejecutables y un marco regulatorio que no cambie cada sexenio.
Los 79,800 millones de pesos pagados por aseguradoras en una década son, paradójicamente, la mejor señal: el mercado de seguros ya está poniendo precio al riesgo climático. El Estado debería facilitar ese mercado, no sustituirlo. Cuando la burocracia asigna agua por decreto y la red eléctrica es monopolio público, el capital simplemente busca otro destino. México tiene el potencial renovable y la posición geográfica; lo que falta es dejar que el precio haga su trabajo.
