El Gobierno de Paraguay dio el jueves un paso estructural hacia la formalización de su sector energético: el presidente Santiago Peña presentó dos proyectos de ley para crear el Ministerio de Minas y Energía y un ente regulador del sistema eléctrico, iniciativas que se someterán a consulta pública antes de llegar al Congreso.
La señal es directa. Hoy el área depende del Viceministerio de Minas y Energía, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Elevarla a rango ministerial implica presupuesto propio, jerarquía política y, sobre todo, interlocutor claro para los inversores.
Peña encabezó la denominada Mesa Nacional del Sector Eléctrico, que reunió a representantes de gremios, especialistas y académicos. «Por primera vez, sentamos a todos los sectores en una misma mesa para construir juntos el futuro energético del país. Queremos reglas claras e instituciones fuertes para transformar nuestra energía en inversión, industrias, empleo y desarrollo», publicó el mandatario en X.
El vocero presidencial, Guillermo Grance, confirmó que los textos de ambos proyectos quedarán disponibles en plataformas digitales para recibir aportes de especialistas y del público general. La reunión de trabajo se extendió durante dos horas y media.
Desde el sector privado, el presidente de la Unión Industrial Paraguay, Enrique Duarte, calificó la iniciativa como «un viejo anhelo» del sector eléctrico: contar con una estructura orgánica dentro del Estado y, de forma urgente, con un organismo regulador que hoy no existe.
Los números del sector explican la urgencia. La matriz energética paraguaya descansa en 8.760 megavatios de capacidad instalada, provenientes de las centrales binacionales de Itaipú —compartida con Brasil— y Yacyretá —compartida con Argentina—, más la represa de Acaray. Sin embargo, el viceministro de Energía y Minas, Mauricio Bejarano, advirtió en mayo pasado que para 2030 la potencia instalada disponible «se vería comprometida» en las horas pico de consumo.
Ante ese horizonte, la administración Peña impulsa la diversificación hacia solar, hidrógeno y biocombustibles. El 4 de agosto, Paraguay y Estados Unidos firmaron en Washington un memorando de entendimiento sobre cooperación estratégica en materia nuclear civil, que permitirá al país realizar un catastro de uranio y tierras raras y abre la puerta al uso de pequeños reactores para complementar el sistema eléctrico.
La lectura de Ágora Capital. Un país con excedente hidroeléctrico histórico que llega a 2026 sin regulador sectorial ni ministerio propio es, en términos de mercado, una oportunidad subadministrada. La creación de instituciones con mandato específico —regulación, planificación, licencias— reduce el riesgo jurídico que hoy desincentiva la inversión privada en generación alternativa. El acuerdo nuclear con Washington añade un vector estratégico que va más allá de la energía: posiciona a Paraguay en la cadena de minerales críticos justo cuando la demanda global de tierras raras no para de crecer. Si los proyectos de ley superan el debate parlamentario sin perder su foco regulatorio, el sector energético paraguayo podría convertirse en uno de los activos más atractivos de la región para el capital privado en la segunda mitad de la década.
