La reciente manifestación de enfermeras y técnicos en enfermería que reclaman oportunidades laborales puso en primer plano una paradoja que Panamá lleva tiempo ignorando: el desempleo no es solo el rostro del trabajador sin estudios. También tiene el rostro del profesional graduado que no consigue ejercer su carrera.
La columna publicada en La Prensa lo describe con precisión: el problema alcanza al joven que busca su primer empleo, al trabajador de la construcción, al dependiente del comercio o del turismo, al sector agrícola e industrial y al adulto mayor que necesita mantenerse activo. Pero hay un segmento que merece atención particular: quienes cumplieron con años de formación universitaria y aun así no encuentran dónde aplicarla.
Familias enteras hicieron sacrificios para que sus hijos se convirtieran en abogados, médicos, ingenieros, docentes, psicólogos o economistas. El título era el contrato implícito con el futuro. Ese contrato, hoy, no se cumple de manera automática.
El Estado panameño ha reconocido el problema con programas como Mi Primer Empleo y Mi Primer Empleo Agro, diseñados para facilitar la transición entre formación y mercado laboral. Su existencia, sin embargo, confirma el diagnóstico: si se necesitan mecanismos específicos para que un graduado consiga su primera experiencia, la transición ya dejó de ser natural.
La pregunta que sigue sin respuesta es más incómoda: ¿qué ocurre con quien ya superó esa primera etapa, terminó una carrera universitaria y continúa sin conseguir una plaza? ¿Qué alternativas tiene la enfermera con preparación profesional, el abogado o el psicólogo que, después de años de estudio, no logra incorporarse a su campo?
La fuente apunta a una discusión que Panamá no debería seguir postergando: la relación entre educación, mercado laboral y planificación del recurso humano. No basta con formar profesionales; es necesario preguntarse qué profesionales necesita el país, en qué sectores existen oportunidades reales y cómo conectar universidades con el sector productivo.
Eso no implica limitar el acceso a la educación superior. Implica fortalecer la orientación profesional, mejorar la información sobre el mercado laboral y coordinar al Estado, las instituciones educativas y la empresa privada.
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Desde la perspectiva de Ágora Capital, el diagnóstico señala un fallo de coordinación que el aparato estatal no puede resolver solo con más programas de subsidio al primer empleo. El capital humano formado y sin colocación es capital desperdiciado: representa años de inversión familiar y pública que no genera retorno productivo.
La solución duradera pasa por reducir las fricciones regulatorias que frenan la creación de empleo privado, alinear los incentivos de las universidades públicas con las señales del mercado y dejar que el sector productivo —no la burocracia— defina qué perfiles necesita. Una economía que incentiva a sus ciudadanos a prepararse, pero no genera los espacios para que desarrollen sus capacidades, no tiene un problema educativo: tiene un problema de libre empresa.
