Los ministros de comercio de Panamá y Costa Rica se reunieron el martes 11 de agosto para intentar desatascar una controversia bilateral que lleva seis años abierta. Julio Moltó, titular del Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá, e Indiana Trejos, ministra de Comercio Exterior de Costa Rica, acordaron mantener el diálogo y evaluar una propuesta formal presentada por San José durante la primera semana de agosto.
La propuesta costarricense tiene dos componentes. El primero es un memorando de entendimiento mediante el cual Costa Rica se comprometería a tramitar solicitudes de exportación de productos de interés para Panamá, con el acompañamiento de un organismo internacional. El segundo propone recurrir a un arbitraje bajo las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para resolver la apelación que Panamá presentó contra el fallo que favoreció a Costa Rica.
Ese mecanismo arbitral busca superar el estancamiento provocado por la inoperatividad del Órgano de Apelación de la OMC, instancia a la que Panamá recurrió en febrero de 2025. Bajo la propuesta, ambos países se comprometerían a aceptar y cumplir la decisión de los árbitros internacionales.
«Hemos recibido la propuesta presentada por Costa Rica y será evaluada con la debida profundidad técnica, comercial y jurídica. Panamá seguirá conduciendo este proceso con firmeza, respeto y una visión de beneficio mutuo», declaró Moltó tras el encuentro.
El origen del diferendo se remonta a 2019, cuando Panamá limitó el ingreso de productos agrícolas y pecuarios costarricenses, entre ellos piña, fresas, carnes y lácteos. Costa Rica llevó el caso ante la OMC en 2021 y obtuvo un fallo favorable, que Panamá apeló. El diferendo volvió a escalar este año luego de que la presidenta costarricense, Laura Fernández, cuestionara públicamente las restricciones panameñas. El presidente José Raúl Mulino respondió anunciando la suspensión de la venta de energía eléctrica a Costa Rica y defendiendo el principio de reciprocidad.
La reunión también abordó el transporte terrestre de carga. Ambos gobiernos acordaron intercambiar información con los gremios del sector para recopilar sus planteamientos y buscar mecanismos que faciliten el movimiento de mercancías en la frontera.
El siguiente paso es la evaluación técnica, comercial y jurídica de la propuesta por parte de Panamá, mientras la vía de diálogo permanece abierta.
Lectura editorial. La postura de Mulino —reciprocidad, firmeza y defensa del sector productivo nacional— es coherente con un gobierno que entiende el comercio como una negociación de intereses, no una concesión unilateral. El mecanismo arbitral propuesto por Costa Rica puede ser una salida razonable: reglas claras, árbitros internacionales y cumplimiento vinculante son exactamente el tipo de marco que da certeza jurídica a los operadores privados de ambos lados de la frontera. Capital busca reglas claras, y un arbitraje con resultado ejecutable es preferible a un limbo institucional que solo encarece la logística y frena el intercambio.
