Un grupo de ciudadanos se concentró este viernes frente a la sede de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) en Caracas para exigir respuestas ante las interrupciones del servicio eléctrico que afectan a distintas regiones del país.
El dirigente de La Causa R, Velásquez, atribuyó la crisis a «problemas de gestión y corrupción» y rechazó que el gobierno responsabilice a factores climáticos. «Los déficit de energía que tenemos se deben a la corrupción de este régimen. No tienen moral para venir a pedirle a los venezolanos que ahorren energía eléctrica», declaró, según recoge El Nacional.
Velásquez sostuvo además que una solución estructural requiere un cambio político que permita implementar nuevas políticas para el sector, con «profesionalismo, seriedad y compromiso».
El mapa del apagón
Un día antes de la protesta, el partido Primero Justicia (PJ) había difundido un balance que describe la magnitud del problema. Según ese reporte, nueve estados registran cortes de electricidad de entre ocho y 12 horas diarias; Miranda y Bolívar figuran entre ellos. Otras 12 regiones presentan interrupciones de entre cinco y ocho horas al día, entre ellas Guárico y Zulia. Solo el Distrito Capital y Amazonas fueron identificados por PJ como territorios sin racionamiento.
PJ señaló que las interrupciones afectan no solo las actividades económicas, sino también la calidad de vida y la estabilidad emocional de los ciudadanos.
Tocoma: la apuesta oficial
En paralelo a las protestas, el gobierno reactivó el proyecto hidroeléctrico Tocoma, en Bolívar. El miércoles suscribió una adenda al contrato con la empresa argentina IMPSA para retomar los trabajos de construcción de la central, cuya meta es incorporar 2.640 megavatios al sistema eléctrico nacional mediante 10 unidades generadoras.
Tocoma forma parte del complejo hidroeléctrico de Guayana, junto con Guri, Macagua y Caruachi. La construcción arrancó en 2007, durante el gobierno de Hugo Chávez, con fecha prevista de culminación en 2014. Transparencia Venezuela sostiene que el proyecto quedó paralizado cuando alcanzaba 87,19% de ejecución.
El gobierno ha atribuido las fallas eléctricas a sanciones internacionales y a presuntos «saboteos» vinculados a Estados Unidos. La oposición y expertos han señalado, por su parte, problemas de mantenimiento, inversión insuficiente y deterioro de la infraestructura como factores detrás de la crisis.
La lectura del mercado
Una empresa estatal con monopolio sobre un servicio esencial, sin competencia ni rendición de cuentas, produce exactamente esto: infraestructura paralizada al 87% de ejecución durante más de una década y apagones que destruyen productividad, cadenas de frío, pequeños negocios y calidad de vida. El capital privado no huye de Venezuela por las sanciones; huye porque las reglas cambian, los contratos no se respetan y la luz no llega.
Mientras el aparato estatal negocia adendas con empresas extranjeras para terminar obras que debían estar listas hace once años, los venezolanos pagan la factura en horas perdidas y actividad económica que no se recupera. Esa es la aritmética real del monopolio eléctrico.
